El gobierno de Gustavo Petro enfrenta una creciente tensión política por su intento de convocar una consulta popular mediante el Decreto 595, una estrategia que ha generado choques con el Congreso, divisiones en su propia coalición y cuestionamientos jurídicos. El objetivo del gobierno es someter a votación ciudadana reformas clave (incluyendo laboral, pensional y de salud) ante la percepción de bloqueo legislativo, pero el mecanismo elegido ha sido calificado por opositores y expertos como un atajo institucional.
La controversia se centra en si el ejecutivo puede usar el artículo 5 de la Ley 1757 (sobre participación ciudadana) para saltarse el requisito constitucional de aval legislativo en consultas nacionales. Mientras el gobierno insiste en que es una herramienta válida para superar la «obstrucción» del Congreso, la oposición alega que viola el principio de separación de poderes y ha presentado demandas ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Incluso 34 senadores radicaron una queja ante la ONU por supuesto quebrantamiento del Estado de derecho.
Internamente, el Pacto Histórico muestra fisuras: Petro ha tenido que llamar al orden a congresistas de su propio partido y a ministros para unificar el discurso de defensa de la consulta. La tensión se ejemplifica en el cruce público entre la representante Ángela María Robledo y Armando Benedetti, quien defendió la estrategia gubernamental acusando al Congreso de «secuestrar» las reformas.
Mientras el Consejo de Estado prepara su fallo (previsto para junio), Petro convocó una nueva marcha para el 11 de junio buscando presión social, a la que la oposición responderá con movilizaciones contrarias. Benedetti asegura que el gobierno acatará cualquier decisión judicial, pero analistas advierten que este enfrentamiento con la oposición podría afectar no solo la consulta sino toda la agenda legislativa petrista, incluyendo proyectos como la reforma a la salud y la creación del Ministerio de la Igualdad. El desenlace jurídico marcará un precedente crucial sobre los límites que logren el poder legislativo y el ejecutivo el uno con el otro.
