La organización de las elecciones de 2026 en Colombia ha quedado en el centro de un fuerte debate político tras la adjudicación de un contrato de más de 2,1 billones de pesos (500 millones de dólares) a la firma Thomas Greg & Sons. El proceso licitatorio, destinado a proveer servicios para la logística electoral, ha generado un cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro, la Registraduría Nacional y distintos sectores políticos y empresariales. El presidente colombiano ha criticado abiertamente la adjudicación, señalando presuntas irregularidades y cuestionando la idoneidad de la empresa para garantizar la transparencia de las elecciones. Petro afirmó que el contrato “privatiza” funciones esenciales del Estado, en particular el escrutinio, lo que considera un riesgo para la democracia.
En contraste, la Registraduría ha defendido el proceso de licitación, asegurando que se realizó de forma pública y transparente, con aval de organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría. Thomas Greg & Sons, por su parte, ha rechazado los señalamientos del presidente, recalcando que ha prestado servicios similares durante años sin cuestionamientos sustanciales y recordando su rol en procesos electorales previos.
El debate político escaló cuando trece partidos y movimientos se negaron a asistir a una sesión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral convocada tras los señalamientos del presidente. Los partidos señalaron que las declaraciones de Petro deslegitiman anticipadamente las elecciones y amenazan la confianza pública en el sistema electoral. Pese a las ausencias, la reunión de la Comisión se realizó con presencia de Armando Benedetti (principal funcionario de Petro) y delegados de algunas colectividades, donde se abordaron preocupaciones sobre el contrato y se acordó crear mesas técnicas para vigilar su ejecución.
Alexander Vega, registrador nacional, y Juan Carlos Galindo, exregistrador, han respondido a las críticas subrayando que el contrato cubre servicios como el preconteo y la logística electoral, pero no el escrutinio oficial, que sigue en manos de jueces y comisiones escrutadoras. Vega calificó como “peligroso” sugerir fraude anticipadamente y advirtió que sembrar desconfianza equivale a insinuar que no se reconocerán los resultados si son adversos. En el mismo sentido, Galindo explicó que el sistema electoral colombiano es descentralizado y con múltiples controles cruzados que imposibilitan un fraude estructural en la etapa de escrutinio.
Además de las tensiones políticas, otras empresas participantes en la licitación han expresado reparos sobre el proceso, cuestionando aspectos técnicos, de puntaje o tiempos, aunque no han denunciado corrupción o falta de legalidad. Mientras tanto, el contrato con Thomas Greg & Sons sigue vigente, y la polémica parece anticipar un clima electoral crispado de cara a 2026, con un oficialismo insistiendo en sus dudas y la Registraduría, junto con buena parte de la oposición y actores del sistema, defendiendo la legalidad del proceso y llamando a no erosionar la confianza en las instituciones electorales.
