Desde el 1 de agosto de 2025 entraron en vigor nuevos aranceles del 35 % –que anteriormente eran del 25%– sobre una serie de productos canadienses que no están cubiertos por exenciones dentro del Acuerdo Estados Unidos–México–Canadá (T-MEC). La medida, anunciada por la Casa Blanca, apunta a presionar a Canadá por su presunta inacción frente al tráfico de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo. Además, se vincula con recientes tensiones diplomáticas en torno a la posición canadiense en la ONU sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. Los sectores afectados incluyen manufacturas, componentes industriales y productos alimentarios, entre otros.

En una declaración oficial, el primer ministro Mark Carney expresó “decepción” ante la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 35 %; señaló que Canadá representa solo el 1 % de las importaciones de fentanilo a EE.UU. y ha tomado medidas intensas para reducirlo, incluyendo inversiones históricas en seguridad fronteriza y lucha contra las bandas criminales transnacionales. En cuanto al impacto económico, subrayó que sectores como la madera, acero, aluminio y automóviles se verán seriamente afectados, por lo que el gobierno actuará para proteger empleos, reforzar la competitividad y fomentar el consumo interno canadiense, diversificando mercados de exportación. Finalmente, afirmó que Canadá está orientado hacia “construirse desde adentro”: eliminar barreras comerciales internas, promover grandes proyectos de infraestructura, y consolidar una economía canadiense resiliente y expansiva.

Desde que comenzaron las amenazas arancelarias y frente a la inestabilidad comercial con EE.UU., el gobierno federal ha intensificado su estrategia de diversificación hacia socios comerciales como la Unión Europea, Reino Unido y varios países de la región Asia-Pacífico. En paralelo, la oposición liderada por Pierre Poilievre ha criticado la gestión oficial, además de oponerse al reconocimiento del Estado de Palestina.