El gobierno de Daniel Noboa continuó con su plan de “eficiencia administrativa”, anunciando una drástica reestructuración de la Función Ejecutiva. Esto incluyó la reducción de 20 a 14 ministerios de Estado y de 9 a 3 secretarías, con el objetivo de optimizar recursos y la gestión pública. La reforma generó incertidumbre en el sector público, ya que se mencionó la posible desvinculación de cinco mil funcionarios como parte de las medidas para lograr una mayor eficiencia.

Las decisiones del gobierno provocaron una ola de protestas de diversos sectores sociales. La eliminación del Ministerio de la Mujer, en particular, desencadenó marchas y plantones de colectivos feministas, que manifestaron su rechazo a lo que consideran un retroceso en la lucha por sus derechos. De igual forma, la fusión del Ministerio de Cultura y Patrimonio con la cartera de Educación generó gran preocupación y manifestaciones de gremios culturales en Quito y otras ciudades, quienes alertaron sobre la incertidumbre y el futuro del sector.

La controversia en torno a las reformas se extendió al ámbito judicial y legislativo. Se interpuso una acción de protección contra la fusión de los ministerios, llevando el debate a la Corte Constitucional. Hasta el momento, la Corte Constitucional tiene en sus manos decenas de denuncias de organizaciones de sociedad civil, poniendo en jaque las últimas leyes económicas urgentes aprobadas en la Asamblea Nacional. En este marco, se activó una campaña de desprestigio en redes sociales en contra la Corte por parte de periodistas y personalidades aliadas al gobierno.

Finalmente, y en este contexto de reacciones sociales, el gobierno impulsó un nuevo proyecto económico urgente para controlar fundaciones y ONG, una iniciativa que generó preocupación incluso por parte de la Federación de Cámaras de Industrias, que advirtió sobre la posible afectación al derecho de asociación.