El motín protagonizado por aliados del expresidente Jair Bolsonaro, que ocupó el plenario de la Cámara de Diputados durante unas 30 horas en protesta por su arresto domiciliario, aceleró un acuerdo político para avanzar en proyectos que refuercen la protección de parlamentarios frente a investigaciones y denuncias penales. La negociación no incluyó, por ahora, la amnistía para los condenados por los actos del 8 de enero de 2023, aunque esta sigue siendo una bandera de los bolsonaristas.
Partidos del centrão y de la oposición acordaron impulsar iniciativas que impidan abrir investigaciones contra diputados y senadores sin autorización previa del Congreso, y que establezcan tres instancias de juicio para estos casos, sacando al Supremo Tribunal Federal (STF) como único tribunal competente. En paralelo, fuerzas como União Brasil, PP y PSD dialogan con el PL de Bolsonaro y el partido Novo sobre un eventual proyecto de amnistía que incluya al exmandatario, aunque las posturas siguen alejadas: los bolsonaristas reclaman un perdón total, mientras que el centrão defiende sancionar a quienes participaron directamente en actos de vandalismo.
El acuerdo, negociado por el expresidente de la Cámara Arthur Lira sin la participación directa del actual titular, Hugo Motta, permitió la desocupación del plenario la noche del miércoles 6 de agosto. El episodio debilitó políticamente a Motta, quien se negó a negociar mientras continuara la ocupación y que ahora analiza sanciones contra diputados que resistieron liberar la Mesa Directiva, como Zé Trovão (PL-SC), Marcel van Hattem (Novo-RS) y Marcos Pollon (PL-MS).
Actualmente, los procesos penales contra parlamentarios con relación a sus mandatos se juzgan directamente en el STF, sin posibilidad de apelación. La propuesta en debate prevé que estos casos inicien en tribunales regionales federales, puedan recurrirse al STJ y, en última instancia, llegar al STF, lo que, según sus impulsores, garantizaría el “doble grado de jurisdicción” reconocido para otros ciudadanos. La presión bolsonarista también busca trasladar el caso de Bolsonaro fuera del STF, lo que retrasaría su juicio por tentativa de golpe de Estado, previsto para septiembre.
Además, se discute restaurar una norma vigente hasta 2001 que exigía autorización del Congreso para abrir investigaciones contra parlamentarios, una prerrogativa eliminada en una reforma ética impulsada por la propia Cámara. Dirigentes como el líder del PP, Dr. Luizinho Teixeira, sostienen que el cambio de hace dos décadas generó un desequilibrio que dejó al Poder Judicial “por encima” del Legislativo. La diputada Bia Kicis (PL-DF) apodó la iniciativa como la “PEC de la libertad del Congreso” y defendió que, tras aprobarla, el siguiente paso debe ser la amnistía.
Este debate revive tensiones históricas sobre el alcance del foro privilegiado y refleja un movimiento coordinado entre partidos del centrão y aliados de Bolsonaro para blindarse frente a más de 80 investigaciones en curso en el STF por desvíos de fondos y otras irregularidades.
