Las multitudinarias movilizaciones del 7 de agosto en Colombia, convocadas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez tras la oficialización de su condena a 12 años de arresto domiciliario por fraude procesal y soborno en actuación penal, marcaron un hito político de gran repercusión. Convocadas por el Centro Democrático, las marchas tuvieron epicentro en Medellín, pero se replicaron en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Bucaramanga, y mostraron la vigencia del liderazgo de Uribe, tanto en la calle como al interior de su partido. La condena dictada por la jueza Sandra Heredia fue recibida con fuertes cuestionamientos por parte del uribismo, que considera el fallo como una persecución judicial con implicancias políticas, mientras el expresidente apeló la decisión y expresó que su motivación se centra ahora en la lucha por la libertad de sus compatriotas.
En ese marco, la movilización del 7 de agosto adquirió no solo un tono de protesta contra la decisión judicial, sino también de relanzamiento político. Uribe, a través de mensajes difundidos por redes y declaraciones posteriores a las marchas, dejó entrever una estrategia clara con vistas a las elecciones de 2026. En su intervención propuso lineamientos programáticos como el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, la reactivación del glifosato en la lucha contra los cultivos ilícitos y el impulso a la cadena perpetua para violadores de menores. Además, defendió su gestión y volvió a insistir en que el proceso judicial en su contra está plagado de irregularidades. La dirigencia del Centro Democrático, por su parte, capitalizó la masividad de la convocatoria para mostrar cohesión interna y preparar el terreno hacia la próxima campaña electoral. Varios de sus precandidatos anunciaron la intención de llevar la condena a instancias internacionales, profundizando la estrategia de victimización judicial que caracteriza la narrativa del uribismo en los últimos años.
Las marchas, sin embargo, no pasaron desapercibidas para el presidente Gustavo Petro, quien criticó la movilización al señalar que resulta negativo manifestarse en contra de una condena dictada por la justicia. Petro subrayó que la protesta parecía no estar dirigida a defender a un ciudadano cualquiera, sino a un político con gran poder, y consideró que ello representa una presión indebida sobre el Poder Judicial. En paralelo, la Judicatura tomó una decisión trascendental al designar a los tres magistrados que revisarán la apelación de Uribe, lo que añade una nueva etapa jurídica en el proceso y mantiene en tensión el escenario político y judicial colombiano. Las manifestaciones del 7 de agosto dejaron claro que el caso Uribe no solo divide a la opinión pública, sino que configura uno de los ejes de mayor polarización de cara al nuevo ciclo electoral en Colombia.
