El presidente Luiz Inácio Lula da Silva volvió a acusar al gobierno de Estados Unidos de actuar contra las instituciones y la economía brasileña, calificando el conflicto no solo de comercial, sino también político e ideológico. En un acto para presentar la Medida Provisoria con el plan de contingencia frente a las tarifas del 50% impuestas por Washington, recordó el papel de EE.UU. en el golpe de 1964 y afirmó que Brasil es pacífico, pero no teme pelear si es necesario. Como respuesta, anunció que buscará ampliar mercados alternativos, priorizando la India como socio estratégico en áreas como fármacos, inteligencia artificial, espacio y defensa.
En paralelo, la tensión diplomática escaló tras la convocatoria por parte de Itamaraty del jefe de la embajada estadounidense, Gabriel Escobar, para dar explicaciones sobre nuevas amenazas de sanciones contra ministros del STF, en el marco de una ofensiva del gobierno Donald Trump en defensa del expresidente Jair Bolsonaro. La representación estadounidense había acusado al ministro Alexandre de Moraes de ser “el principal arquitecto de la censura y persecución” contra Bolsonaro, insinuando que otros jueces aliados también podrían ser castigados. El encuentro, encabezado por el embajador brasileño Flavio Goldman, sirvió para manifestar la indignación oficial y denunciar una injerencia inaceptable en asuntos internos, que atenta contra la soberanía nacional.
Sin mencionar directamente el informe del Departamento de Estado sobre el deterioro de los derechos humanos en Brasil, Lula sostuvo que el país acusador debería primero evaluar su propia conducta y defendió la autonomía del Poder Judicial, rechazando la existencia de persecución política. En la misma línea, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, calificó como inédita la situación en la que un país democrático sufre represalias económicas de otro menos democrático, asegurando que Brasil no persigue adversarios, prensa ni inmigrantes. Haddad también acusó a sectores radicales brasileños, como el diputado Eduardo Bolsonaro, de colaborar con autoridades estadounidenses para boicotear las relaciones bilaterales, lo que generó reclamos en el Congreso para sancionarlo y, en algunos casos, destituirlo.
El plan Brasil Soberano incluye adelanto y devolución de tributos para empresas afectadas, un nuevo Reintegra con reembolsos más altos para exportadoras (hasta 3,1% para grandes y medianas y hasta 6% para micro y pequeñas), ampliación de compras públicas de alimentos que perdieron el mercado estadounidense, reforma del Fondo de Garantía para Exportación, líneas de crédito por 30 mil millones de reales y un sistema de seguro para exportaciones con aportes millonarios a fondos de garantía. El acceso a los beneficios estará condicionado a mantener empleos, y una Cámara Nacional de Acompañamiento del Empleo monitoreará la situación laboral. El plan recibió el respaldo de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), cuyo presidente Ricardo Alban defendió ampliar acuerdos bilaterales para diversificar mercados, y de la Força Sindical, cuyo titular Miguel Torres destacó que la medida protege a empresas y trabajadores en un contexto de crisis.
