La semana estuvo marcada por la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional (CC) el pasado martes 12 de agosto. Esta movilización, que buscaba presionar a la CC para que apruebe sus leyes en materia de inteligencia y seguridad, se convirtió en una muestra más del intento del gobierno por concentrar el poder político. Durante la marcha, el presidente Noboa criticó directamente a los jueces de la Corte y fomentó su exposición pública para influir en su decisión final.

La movilización y las críticas del gobierno generaron fuertes reacciones. La CC denunció públicamente que la marcha, junto con los ataques en redes sociales, la pone en una posición de vulnerabilidad y menoscaba su independencia judicial. Por su parte, Amnistía Internacional pidió respetar la independencia de la Corte Constitucional, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su preocupación por la situación, llamando al gobierno a evitar presiones sobre instancias judiciales. Por otro lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) rechazó la marcha de Daniel Noboa hacia la CC. La CONAIE argumentó que esta movilización generaba riesgos para la estabilidad democrática del país.

En paralelo a la tensión con el gobierno, la Corte continuó con el trámite de la propuesta de referendo y consulta popular de Noboa aprobando una pregunta en la que se propone permitir la presencia de bases militares extranjeras en el país. Queda por delante el tratamiento del resto de las preguntas que serán puestas a consideración de la ciudadanía, entre las cuales el gobierno propone que los jueces de la CC sean destituidos vía juicio político por mayoría absoluta de la Asamblea Nacional.