El Tribunal Constitucional (TC) de Perú dictaminó suspender todas las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta que concluya su mandato en 2026. Este fallo es una respuesta directa a una demanda presentada por la mandataria contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. Como resultado, casos de alto perfil que involucran a la presidenta, como el «Rolexgate», presuntas irregularidades en cirugías estéticas, la investigación sobre un cofre de joyería y las muertes ocurridas durante las protestas, quedan detenidos de manera preliminar.

La decisión del TC se basa en la noción de que no se pueden realizar diligencias investigativas contra un presidente en funciones por hechos cometidos durante su mandato, salvo por delitos tipificados en la Constitución. Un magistrado del TC justificó esta postura al calificar el allanamiento a la casa de la presidenta como un «acto agresivo«, sugiriendo que las acciones previas del Ministerio Público habían excedido los límites legales. Esta interpretación jurídica tiene como objetivo “proteger la investidura presidencial”, pero ha generado un intenso debate.

El fallo ha generado una amplia reacción política. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, pidió que se sancione a los fiscales y policías que participaron en el allanamiento a la residencia presidencial, basándose en la reciente decisión del Tribunal Constitucional. Por su parte, el expresidente Pedro Castillo cuestionó la decisión, señalando la ironía de que durante su propio gobierno se le hicieron múltiples imputaciones sin que se considerara la protección de su cargo, lo que ha revivido las tensiones políticas entre el actual gobierno y sus opositores.

Perú es el país de la región que tiene más ex presidentes presos, juzgados o judicializados, por lo que la medida del TC puede tener impactos a futuro respecto del margen de acción del titular del Poder Ejecutivo, así como la legitimidad de este para impulsar cambios en materia de políticas públicas.