Una megaoperación nacional movilizó a cerca de mil 400 agentes para ejecutar más de 350 órdenes de allanamiento, detención y secuestro de bienes contra un esquema de fraudes en el sector de combustibles, estimado en miles de millones de reales. La investigación apunta a una red comandada por integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), con ramificaciones en puestos de gasolina, distribuidoras y usinas controladas por la organización. Según la Secretaría de Hacienda de São Paulo, el grupo habría evadido 7,6 mil millones de reales en impuestos, mientras que la Receita Federal identificó el manejo de al menos 40 fondos de inversión por un valor de 30 mil millones de reales, usados para lavado de activos mediante estructuras del sistema financiero de la avenida Faria Lima.
El operativo, bautizado como Carbono Oculto y coordinado por el Ministerio Público de São Paulo (MPSP), se desplegó en ocho estados brasileños, con la participación de múltiples organismos nacionales. Las investigaciones revelan que la organización criminal Primer Comando Capital (PCC) utilizaba fintechs e instituciones de pago para mantener una red financiera paralela, con contabilidad oculta y transferencias sin identificación de beneficiarios. Este sistema permitió la compra de cadenas de estaciones de servicio, camiones, usinas, haciendas e inmuebles de lujo. El fraude también operaba sobre la cadena productiva de combustibles mediante la importación irregular de metanol desde el Puerto de Paranaguá, producto tóxico y altamente inflamable que era adulterado y distribuido en el mercado. Solo en São Paulo, fueron detectados 300 puestos de venta involucrados, y se estima que hasta un 30% del total del estado mantenía vínculos con la organización criminal.
El impacto fue múltiple: consumidores recibían combustibles adulterados o en cantidades inferiores, mientras los competidores legítimos eran desplazados por la presión económica de la red ilegal. Algunos empresarios que intentaron reclamar deudas fueron amenazados de muerte, revelando la dimensión violenta del esquema. La operación cuenta con la coordinación del MPSP, en conjunto con el Ministerio Público Federal (MPF), la Receita Federal, la Secretaría de Hacienda paulista, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), la Procuraduría General del Estado de São Paulo (PGE-SP) y las policías Federal, Civil y Militar, lo que refuerza el carácter de acción interinstitucional frente a un modelo criminal altamente estructurado en la economía brasileña.
