El gobierno de Santiago Peña volvió a exponer al Paraguay en un desliz diplomático. A pedido del Congreso, el canciller Rubén Ramírez entregó a la embajada de Estados Unidos un informe de la llamada “Comisión Garrote”, disfrazada de investigación sobre lavado de activos, contrabando y narcotráfico. El documento, compuesto por nueve tomos y 231 biblioratos, pretendía demostrar vínculos con el crimen organizado y desvíos de fondos de distintos actores políticos, pero no logró probar nada.

La Comisión se centró en hostigar a ONGs, medios y opositores, sin contar con el respaldo de instituciones clave: el Ministerio Público, la Contraloría y la Dirección de Ingresos Tributarios se negaron a convalidar la maniobra. El resultado fue un fracaso que expuso el verdadero objetivo: perseguir a adversarios políticos bajo la fachada de lucha contra el lavado.

Lo más grave del tema es que, pese al error, los integrantes de la Comisión Conjunta de Investigación del Congreso Nacional, nombre formal de la “Comisión Garrote”, entre ellos Dionisio Amarilla (presidente de la Comisión, tildado de “opositor” funcional a Cartes) y Gustavo Leite (hoy embajador paraguayo en Estados Unidos), ya amenazan con montar otra comisión para insistir con su cruzada persecutoria.