La presidenta Dina Boluarte realizó un nuevo reajuste en su gabinete. Entre los cambios más destacados se encuentra el nombramiento de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Enrique Alcántara, y de Fanny Montellanos Carbajal como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en lugar de Leslie Urteaga.

El nombramiento de Santiváñez ha generado controversia, ya que se le ha señalado en investigaciones por presuntos pagos ilegales y tráfico de influencias, con declaraciones de testigos protegidos y chats que lo vinculan a pedidos a favor del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, en el contexto de una presunta organización criminal. De hecho el nuevo ministro fue censurado por el Congreso a inicios de 2025 por dicha materia.

En este marco, la presidenta Boluarte anunció la presentación de un proyecto de ley para defender la «soberanía nacional«, lo que se interpreta como el inicio de un plan para que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que este organismo se pronunciara en contra de la aplicación de la Ley de Amnistía a favor de las fuerzas del orden por su accionar en contextos de movilización social.

Este anuncio se produce en un momento de alta tensión entre su gobierno y el sistema de justicia, en particular tras las investigaciones sobre su entorno cercano. Previamente, Boluarte había logrado que toda investigación en su contra se posponga hasta la culminación de su mandato, gracias a un fallo del Tribunal Constitucional del país.

En tres años de gestión, Dina Boluarte ha realizado nueve cambios de gabinete, nombrando a 69 ministros. Esta rotación constante refleja la profunda inestabilidad de su gobierno, cuya aprobación se mantiene en un mínimo histórico del 3%, evidenciando un estancamiento político y la falta de respaldo ciudadano.