El 2 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos ejecutó un ataque militar en aguas internacionales del Caribe sur contra una embarcación vinculada presuntamente al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, que habría transportado narcóticos, según la versión oficial. En el operativo fallecieron 11 personas, en lo que se considera la primera acción militar de este tipo en la región desde la invasión de Panamá en 1989.

El presidente Donald Trump defendió el ataque como un acto de legítima defensa, difundiendo un video que muestra el momento en que una embarcación estalla en llamas, con la intención de disuadir a redes de narcotraficantes. El secretario de Estado, Marco Rubio, quien en simultáneo realizó un viaje por Ecuador y México, subrayó que la operación fue una señal clara y aseguró que, en lugar de interceptar la embarcación, el presidente optó por destruirla.

Sin embargo, el operativo ha generado fuertes cuestionamientos legales. Expertos y legisladores advierten que el uso de fuerza letal sin una amenaza inmediata podría incurrir en violaciones al derecho internacional y al marco legal estadounidense, incluyendo posibles casos de ejecuciones extrajudiciales. La administración no ha presentado evidencia de la presencia de armas en la embarcación ni una amenaza directa a los intereses estadounidenses.

El ataque a la embarcación se inscribe en el nuevo enfoque de seguridad de la administración Trump, que considera a ciertos carteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras. El gobierno ha aumentado su presencia naval en la región, enviando varios buques de guerra, fuerzas terrestres y proporcionando recompensas millonarias vinculadas a líderes venezolanos. El hecho ha intensificado las tensiones políticas y diplomáticas con Venezuela por el uso de esta “diplomacia de cañoneras”.

La tensión escaló aún más el jueves, cuando dos aviones de combate F-16 venezolanos armados sobrevolaron en una demostración de fuerza al destructor lanzamisiles USS Jason Dunham, desplegado por la Armada estadounidense en el sur del mar Caribe. El buque no respondió, pero el gesto fue interpretado como la reacción más directa del gobierno de Nicolás Maduro tras el operativo que destruyó la embarcación.

Bajo el pretexto de los operativos antidrogas que encubren una presión al gobierno de Venezuela, a partir de la próxima semana, Washington desplegará 10 aviones de combate F-35 en Puerto Rico, mientras que nueve aeronaves del Comando Sur llegaron este viernes a Panamá para iniciar la fase II de los ejercicios Panamax Alpha, orientados a la seguridad del Canal.