El gobierno de Daniel Noboa impulsa la celebración de una consulta popular y referéndum para cambiar parcialmente la Constitución, con foco en reordenar el equilibrio del poder estatal y asentar su plan securitista de combate contra el crimen organizado. Sin embargo, en un primer intento, la Corte Constitucional (CC) vetó varias de las preguntas a ser puestas a consideración de la ciudadanía. Como resultado, Noboa envío a dicho Tribunal un conjunto de siete nuevas preguntas.

En el terreno de las reformas constitucionales, el gobierno propone cuatro iniciativas: crear un registro con los nombres de personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, con el fin de impedir su participación en actividades relacionadas con menores de edad; establecer que la CC sólo podrá declarar la inconstitucionalidad de leyes o decretos presidenciales si al menos seis de los nueve jueces lo aprueban; juzgar y sancionar a personas condenadas por extorsión, robo y mediante procedimientos expeditos, y; eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para designar autoridades, reemplazándola por un sistema de concursos públicos y meritocráticos bajo responsabilidad de la Asamblea Nacional.

En cuando a las preguntas a consulta, la primera plantea permitir el funcionamiento de casinos y salas de juego. La segunda busca prohibir que personas condenadas por delitos de corrupción usen su nombre, imagen o apoyo en campañas políticas. Otra pregunta propone expedir una nueva Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establezca de manera detallada la organización y procedimientos de la Corte Constitucional.

En este marco, y con los rechazos de la CC al primer set de preguntas, el 11 de septiembre Noboa lideró una “marcha por la paz” en Guayaquil, a la que asistieron funcionarios del gobierno y simpatizantes. En un intento por mostrar fuerza y apoyo ciudadano, Noboa instó a la Corte a “dejar que la gente decida”. También anunció que la pregunta ya aprobada sobre la posibilidad de instalar bases extranjeras en el país se llevará a consulta el 30 de noviembre de este año.

No obstante, el mismo 11 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales se movilizaron en rechazo al gobierno de Noboa y sus políticas, particularmente la minería. Adicionalmente, el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, anunció que impulsarán el “no” en la consulta popular propuesta por el gobierno, argumentando que las preguntas “afectan al pueblo ecuatoriano”.