El jueves 25 de septiembre la Canadian Union of Postal Workers (CUPW) inició una huelga a nivel nacional. El sindicato declaró estar indignado y consternado por los grandes cambios anunciados por el gobierno federal, calificándolos de un “ataque a nuestro servicio postal y a los trabajadores». El gobierno autorizó al Servicio Postal de Canadá (Canada Post) a poner fin a la entrega a domicilio para aproximadamente cuatro millones de direcciones y a cerrar algunas oficinas postales rurales. Canada Post, por su parte, expresó su decepción por la decisión del sindicato de intensificar su actividad de huelga, lo que, según la corporación, deteriorará aún más su situación financiera.
El gobierno federal justificó las reformas argumentando que Canada Post se enfrenta a una crisis existencial y es efectivamente insolvente. Se señaló que la corporación tuvo una pérdida de 448 millones de dólares canadienses en la primera mitad de 2025, y está en camino de perder 1.5 mil millones en 2025 (un aproximado de mil millones y 320 millones de dólares estadounidenses, respectivamente). El ministro responsable, Joël Lightbound, indicó que la corporación está perdiendo aproximadamente 10 millones de dólares canadienses por día. Para combatir estas pérdidas, el levantamiento de la moratoria sobre la conversión a buzones comunitarios y otros cambios buscan generar ahorros, estimando que el cambio en la entrega a domicilio por sí solo podría ahorrar casi 400 millones de dólares canadienses al año. Canada Post tiene 45 días para presentar un plan de ahorro de costos al gobierno.
Como resultado de la acción sindical, las operaciones de Canada Post se cerrarán, afectando a millones de canadienses y empresas. Durante el paro, el correo y los paquetes no serán procesados ni entregados, y las garantías de servicio para los artículos que ya se encuentran en la red postal quedan suspendidas. El sindicato CUPW, que representa a 55 mil trabajadores postales, se opuso a la necesidad de las reformas, argumentando que Canada Post y el gobierno están creando las condiciones que reducen la demanda de sus servicios. Además, señalaron que las recomendaciones, como las conversiones a buzones comunitarios, son drásticas y podrían provocar importantes pérdidas de empleos y cambios en los estándares de entrega.
