El sábado 27 de septiembre el presidente estadounidense anunció que enviará fuerzas a Portland (Oregón) para “proteger” instalaciones de ICE y autorizó el “uso de toda la fuerza si fuera necesario”, aduciendo peligro de terrorismo doméstico. Al día siguiente, el Pentágono activó bajo autoridad federal a unos 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón, mientras el gobierno y funcionarios de Oregon demandaban para frenar el operativo. En paralelo, también se planearon despliegues en Memphis, anunciados hace algunas semanas; y esta semana se inició el entrenamiento de guardias para manejo de disturbios en Portland.

El movimiento ocurre en un marco legal controvertido. Un mes atrás, un juez federal en California determinó que Trump violó la Ley de Posse Comitatus al usar a la Guardia Nacional en Los Ángeles sin base constitucional ni autorización del Congreso; esa norma prohíbe emplear militares en funciones de orden interno salvo excepciones específicas. El fiscal general de Oregon ha presentado una moción de emergencia para evitar el nuevo despliegue, en el cual se informa de la capacidad del Estado para controlar las protestas.

En Illinois, el gobernador JB Pritzker dijo que la Casa Blanca pidió enviar 100 efectivos al estado tras choques entre ICE y manifestantes; el alcalde de Chicago prometió proteger a las comunidades migrantes. La narrativa de la Casa Blanca insiste en el control del crimen y la seguridad de instalaciones federales como las de ICE, pero los litigios estatales y los fallos recientes anticipan semanas de pulso judicial y político sobre los límites al uso doméstico de tropas.

Como parte de su programa político e ideológico, Trump describió la coyuntura como una “guerra desde dentro” ante la cúpula militar en Quantico el 30 de septiembre. El presidente estadounidense sugirió usar ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para las fuerzas.