El paro nacional en Ecuador se mantiene firme tras once días consecutivos de protestas y bloqueos en varias provincias, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). La medida que detonó esta movilización fue la eliminación del subsidio al diésel decretado por el presidente Daniel Noboa, lo que provocó un fuerte aumento en el precio del combustible y afectó especialmente a comunidades rurales e indígenas. En respuesta, la CONAIE resolvió mantener el paro de forma indefinida, demandando la derogatoria del decreto, la reducción del IVA del 15% al 12%, el fortalecimiento de los servicios públicos, y el respeto a los derechos colectivos, tras un contexto marcado también por la muerte de un manifestante y numerosas detenciones.
Las protestas han generado un paralelismo entre la resistencia social y la respuesta estatal, con enfrentamientos y actos represivos. Destacan episodios como la retención de militares por parte de manifestantes en la provincia de Imbabura, quienes fueron liberados luego de varios días en condiciones deplorables, con evidentes signos de maltrato. El gobierno ha denunciado los bloqueos en vías esenciales que obstaculizan el transporte de insumos médicos vitales hacia hospitales, mientras la CONAIE ha habilitado corredores humanitarios y asegura que su lucha no va contra el pueblo sino en defensa de la dignidad y la vida.
Esta crisis social pone en evidencia la profunda conflictividad política y económica interna, pues aunque el gobierno ha ampliado feriados y ha mantenido un discurso firme negándose a revertir el decreto, la presión de diversos sectores continúa creciendo. Las movilizaciones concentran su fuerza en provincias clave como Imbabura, Cotopaxi y otras regiones andinas y amazónicas, afectadas por bloqueos que dificultan las actividades cotidianas y la circulación general. El llamado a la unidad nacional para enfrentar las consecuencias del paro se contrapone con la creciente demanda de diálogo y cambios sustanciales por parte del movimiento indígena.
