ICE, la agencia federal de inmigración de EE. UU., volvió al centro de la agenda: protestas frente a instalaciones, choques políticos y un pulso legal sobre el uso de la Guardia Nacional para “proteger” propiedades y al personal federal. En Chicago, un giro decisivo vino de los tribunales. La jueza federal April Perry bloqueó por 14 días el plan de la Casa Blanca para federalizar y desplegar tropas alrededor del complejo de ICE en Broadview, al señalar que el gobierno no demostró una amenaza creíble y que la presencia militar podía “echar combustible al fuego”. El Departamento de Justicia apeló, mientras continuaron manifestaciones y detenciones puntuales en la zona. Un grupo de periodistas y manifestantes demandaron a la administración Trump por uso excesivo de la fuerza.

Mientras tanto, Memphis se convirtió en el primer gran test operativo: este viernes comenzaron patrullajes de la Guardia Nacional en tareas de apoyo junto a la policía local (con aval del gobernador Bill Lee) en medio de críticas de autoridades municipales y organizaciones civiles. El gobierno federal presentó la medida como parte de un despliegue gradual en ciudades con tensión alrededor de instalaciones federales y altos índices de criminalidad.

En la costa oeste, Portland fue protagonista. Hubo protestas nocturnas y acotadas frente a instalaciones de ICE. La Casa Blanca intentó federalizar a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregon para proteger edificios y personal; un tribunal de distrito bloqueó el despliegue por considerarlo desproporcionado. El caso pasó al Noveno Circuito (corte federal de apelaciones que cubre la costa oeste), que escuchó la apelación y dejó a los guardias federalizados pero sin desplegar hasta decidir.  Además de las protestas se mantiene un tenso pulso legal abierto que suspende la  presencia militar en el estado.