El gobierno ha avanzado recientemente en su política de «Paz Total» mediante hechos concretos que implican la entrega voluntaria y destrucción de material bélico por parte de grupos armados ilegales en Colombia. Un caso emblemático sucedió en Puerto Asís, Putumayo, donde la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), uno de los grupos disidentes de las FARC, entregó alrededor de 14 toneladas de armas, municiones y explosivos. Este material, que proviene principalmente de zonas cocaleras del suroccidente colombiano como Putumayo y Nariño, fue recibido bajo estrictas condiciones de seguridad y supervisión técnica con acompañamiento internacional. Este gesto representa un paso significativo en un proceso de negociación de paz que pretende transformar territorios históricamente afectados por la violencia y la economía ilícita. La entrega incluye compromisos adicionales de cese del reclutamiento de menores, no usar minas antipersonal y respeto por la vida de líderes sociales y excombatientes del acuerdo de 2016, lo que marca un avance tangible en el camino de paz.
En paralelo, el gobierno confirmó la entrega a las autoridades de Elkin Eduardo Ramírez, alias «Faiber», quien era jefe de comisión del frente Carlos Martínez, una de las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco en Cauca. Su entrega es valorada como un indicio de la descomposición interna de estos grupos armados, vinculados principalmente a negocios ilícitos, y se considera un éxito de la estrategia militar y social en la región del Cañón del Micay. Alias «Faiber» tenía orden de captura y estaba implicado en múltiples atentados violentos en Cauca, lo que reforzaría la estrategia del gobierno de desarticular estas estructuras desde su cabeza.
Por otra parte, el llamado Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano con presencia transnacional y catalogada por Estados Unidos como una organización criminal significativa, ha iniciado gestiones para dialogar con el gobierno colombiano. Larry Álvarez, alias “Larry Changa”, uno de sus fundadores que está detenido en Colombia desde 2024, ha pedido ser designado como «gestor de paz» para facilitar procesos de negociación que conduzcan a la desmovilización. Con esto se abriría un nuevo capítulo en la posibilidad de negociaciones con grupos criminales transnacionales que operan en Colombia, sin embargo, el gobierno ha mostrado cautela y ha señalado que mantendrá una política estricta para impedir que estas organizaciones criminales usen figuras como la de gestor de paz para evadir sanciones judiciales.
