El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha adoptado una postura de cautela y concentración en sus propios acuerdos ante la inesperada ruptura de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump. Si bien la noticia generó preocupación en la región, la administración mexicana se ha enfocado en garantizar la estabilidad de su relación bilateral y el avance de las revisiones del tratado trilateral.
Consultada sobre el futuro de las relaciones comerciales, la mandataria optó por no emitir una postura definitiva. “Vamos a esperar cómo avanza la relación con Canadá”, señaló la presidenta Sheinbaum al tiempo que enfatizó que su país mantiene un “buen avance” en los procesos de revisión del T-MEC y que el acuerdo sigue siendo ley en las tres naciones, buscando transmitir calma a los mercados ante las tensiones entre sus socios del norte.
Asimismo, en su conferencia mañanera de este viernes, la presidenta Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando activamente a empresarios estadounidenses por su presunta participación en el contrabando de combustible, conocido como «huachicol». La mandataria señaló que la masividad de este delito, que implica la introducción ilegal de grandes volúmenes de hidrocarburos a México sin pagar impuestos, no se podría explicar sin la complicidad de actores del otro lado de la frontera.
La investigación de la FGR forma parte de un esfuerzo estratégico para desmantelar la red criminal que opera este tráfico ilegal. Sheinbaum reveló que, además de las indagatorias mexicanas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también reconoce e investiga por su cuenta la participación de empresarios de su país en esta actividad delictiva. Este esquema criminal no solo involucra el contrabando de combustible y la evasión fiscal, sino que se ha detectado que grupos del crimen organizado organizan las vías de distribución en territorio nacional.
Esta coordinación binacional subraya la complejidad del delito y la firmeza de México de combatirlo, atacando tanto la corrupción en las aduanas como a los facilitadores internacionales. Las acciones legales no solo buscan recuperar pérdidas millonarias al erario federal, sino también reforzar la seguridad energética y la legalidad en el sector de hidrocarburos, reafirmando el compromiso del gobierno con el combate a la corrupción transfronteriza.
