La reciente publicación de la sentencia que condena al expresidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político y uso indebido de los medios públicos durante la campaña de 2022 marca un nuevo capítulo en la crisis institucional brasileña. La defensa del exmandatario dispone de cinco días para apelar el fallo ante el Supremo Tribunal Federal (STF), que ahora atraviesa una reconfiguración significativa tras la salida del ministro Luiz Fux y la llegada de su reemplazo, con perfil más garantista.

Según Brasil de Fato, el reemplazo de Fux modifica el equilibrio interno de la Segunda Turma del STF —responsable de revisar casos penales y electorales—, generando dudas sobre el futuro de la inhabilitación política de Bolsonaro. El nuevo magistrado, alineado con una visión más garantista de los derechos procesales, podría inclinar el voto en causas clave, especialmente aquellas que aún no cuentan con unanimidad dentro del Tribunal.

Esta situación abre un margen de incertidumbre política. Aunque el Tribunal Superior Electoral (TSE) ya había determinado la inelegibilidad de Bolsonaro hasta 2030, el STF puede revisar aspectos procesales y constitucionales de la sentencia, lo que podría modificar el alcance de las sanciones. La defensa del expresidente insiste en que el proceso estuvo viciado por motivaciones políticas y apunta a reabrir la discusión sobre la imparcialidad del TSE.

Mientras tanto, juristas consultados por Brasil de Fato señalan que la “nueva composición más garantista” del STF podría dar lugar a revisiones de otros procesos de alto perfil, incluyendo causas derivadas del 8 de enero de 2023 y de las investigaciones sobre desinformación digital. En este contexto, la política brasileña vuelve a depender del delicado equilibrio entre las decisiones judiciales y las dinámicas electorales, con Bolsonaro intentando mantener su influencia a pesar de la condena que lo aparta formalmente del juego electoral.