Luego de 43 días del shutdown más largo de la historia norteamericana, el gobierno federal de Estados Unidos reabrió el 12 de noviembre, cuando el presidente Donald Trump promulgó la ley de financiación aprobada por el Congreso. La Cámara de Representantes había dado el visto bueno al paquete de gasto por 222 votos contra 209, con un pequeño grupo de demócratas sumándose a la mayoría republicana, luego de que el Senado aprobara el acuerdo a comienzos de la semana.

La norma restablece la financiación de la mayor parte de las agencias federales hasta el 30 de enero de 2026 y asegura recursos para programas clave como los cupones de alimentos (SNAP) hasta septiembre de 2026. El acuerdo garantiza el pago retroactivo a cientos de miles de empleados públicos despedidos o que trabajaron sin salario durante el cierre, y habilita la reanudación paulatina de servicios críticos como el control aéreo y la asistencia alimentaria, que habían sufrido fuertes tensiones en aeropuertos y redes de comedores comunitarios.

En el plano político, la salida del shutdown deja un escenario de confrontación abierta. Los demócratas del Senado cedieron en su exigencia central —prorrogar de inmediato los subsidios ampliados del Obamacare que vencen a fin de año— a cambio de una promesa republicana de someter el tema a votación en diciembre, sin garantías de aprobación. Mientras la Casa Blanca y los líderes republicanos intentan trasladar la responsabilidad del cierre a la oposición, los sondeos divulgados por la prensa muestran que una porción significativa de la ciudadanía responsabiliza principalmente al propio Trump y a su partido, anticipando que el episodio será un eje de la disputa rumbo a las elecciones de 2026.