La presidenta Claudia Sheinbaum informó esta semana que México ha presentado 30 quejas formales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos contra migrantes mexicanos.

La mandataria precisó que su gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su red consular, está proporcionando asistencia legal y apoyo económico para garantizar la representación legal de las víctimas, a fin de que puedan presentar las denuncias correspondientes y dar seguimiento a los procesos judiciales en territorio estadounidense.

Tras rechazar la criminalización de la población migrante, Sheinbaum destacó que aproximadamente 40 millones de mexicanas y mexicanos viven en Estados Unidos —en su mayoría con estatus regular o con años de arraigo—y que su contribución es significativa para la economía de ese país.

En paralelo a estas denuncias, el Ejecutivo subrayó que la agenda migratoria forma parte de una relación bilateral más amplia, que incluye cooperación en seguridad, desarrollo y comercio. En este marco, la presidenta insistió en que la defensa de los derechos de la diáspora mexicana no es incompatible con el mantenimiento de una relación constructiva con Washington.

Fue en este contexto que Sheinbaum valoró que el secretario de Estado, Marco Rubio, descartara cualquier incursión de fuerzas de ese país en territorio mexicano, al considerar que ello reafirma un marco de cooperación bilateral. Subrayó, no obstante, que dicha colaboración debe darse bajo el principio de soberanía plena, sin injerencias y respetando la integridad del territorio nacional.