El expediente sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 entró en una nueva fase luego de que la sala plena del Consejo Nacional Electoral no alcanzara la mayoría requerida para adoptar la ponencia que proponía sanciones por supuestas irregularidades en los topes de financiación. La votación terminó 5 a 2 a favor de la ponencia, insuficiente para aprobarla, por lo que el caso pasó a conjueces, quienes deberán decidir de fondo en las próximas semanas. La definición de estos magistrados adicionales se vuelve determinante, ya que el retraso en una decisión podría afectar el calendario electoral y la inscripción de listas al Congreso del Pacto Histórico.
Paralelamente, la situación jurídica del oficialismo se complejiza por la apertura de una investigación sobre el llamado “tarimazo” de Medellín. Este episodio tuvo lugar el 21 de junio de 2025 en un acto público dentro de la estrategia de “paz urbana”, en el que aparecieron en tarima varios cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, trasladados temporalmente desde la cárcel de Itagüí. La presencia de estas figuras en un evento gubernamental derivó en una indagación que examina si hubo uso irregular de recursos públicos, participación política indebida o una vulneración de principios institucionales al permitir que personas privadas de la libertad participaran en una actividad oficial.
Una eventual sanción por financiación irregular podría implicar consecuencias económicas o administrativas para la campaña o los responsables, por otro lado, el avance de la investigación del tarimazo podría derivar en responsabilidades de índole política o disciplinaria. La combinación de estos frentes aumenta la presión sobre el Pacto Histórico, donde existe el riesgo de que la demora en el CNE complique la inscripción de listas, que eventuales sanciones afecten la estructura organizativa de la coalición y que la imagen pública del espacio político se vea impactada.
El escenario también genera tensiones internas, dado que la acumulación de procesos puede profundizar diferencias dentro de la coalición en torno a la estrategia para enfrentar los expedientes y sostener la gobernabilidad. Al mismo tiempo, los adversarios políticos encuentran en estos hechos un terreno fértil para cuestionar la legitimidad del gobierno y disputar el relato de cara al ciclo electoral de 2026.
En conjunto, tanto el expediente de financiación como el tarimazo colocan al Pacto Histórico en un momento decisivo. La coalición necesita claridad jurídica y cohesión interna para evitar que las investigaciones afecten su proyección electoral y su capacidad de sostener su agenda política.
