En los últimos días el caso Epstein (acusado de abuso sexual y tráfico de menores) volvió al centro de la agenda política en Estados Unidos con la aprobación y firma de la Epstein Files Transparency Act, una ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los registros no clasificados vinculados a la investigación y el procesamiento de Jeffrey Epstein, incluida su muerte en custodia federal. La norma, impulsada en la Cámara por el demócrata Ro Khanna, fue aprobada por 427 votos contra uno y luego sancionada por unanimidad en el Senado antes de llegar al despacho de Donald Trump. La ley fija un plazo de 30 días para que el Departamento de Justicia difunda los documentos en un formato público y descargable, con posibilidad de redactar datos que identifiquen a víctimas o afecten investigaciones en curso, pero prohíbe expresamente retener información por “vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política”.
El recorrido de la ley fue, al mismo tiempo, una pulseada interna en el Congreso y dentro del Partido Republicano. El proyecto logró llegar al recinto gracias a una inusual maniobra de discharge petition encabezada por el republicano Thomas Massie, que forzó al presidente de la Cámara, Mike Johnson, a someterlo a votación pese a su resistencia inicial. A esa petición se sumó un pequeño grupo del ala dura conservadora —Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert y Nancy Mace— junto con la bancada demócrata, desafiando tanto a la dirección republicana como a la Casa Blanca. Finalmente, Trump firmó la ley tras meses de intentar bloquearla, mientras la fiscal general Pam Bondi advertía que el Departamento de Justicia conservará márgenes para reservar información vinculada a víctimas, privacidad de terceros o investigaciones “activas”, algo que alimenta dudas sobre la amplitud real de la desclasificación pese a las restricciones contra redacciones por motivos políticos.
Las respuestas de Trump han sido contradictorias. Durante la campaña y en el inicio de su mandato actual, el presidente dijo que no tendría “ningún problema” en difundir los archivos sobre Epstein; después, ya en el poder, empezó a describir el tema como un “hoax demócrata” y a presionar a legisladores republicanos para frenar cualquier votación, al tiempo que pedía al Departamento de Justicia que pusiera el foco en los vínculos de Epstein con figuras demócratas. Solo cuando quedó claro que el Congreso avanzaría por abrumadora mayoría, dio un giro, prometió firmar la ley y luego se presentó en la red social Truth Social como impulsor de la transparencia, sugiriendo que los principales perjudicados serán sus adversarios del Partido Demócrata. Al mismo tiempo, minimiza las revelaciones recientes —correos electrónicos de Epstein que lo mencionan directamente— como un intento de desviar la atención de sus victorias políticas.
Este giro ha terminado por agravar una fractura visible dentro del propio movimiento MAGA. Un sector —con Greene y Massie a la cabeza— se alineó con las víctimas y con los demócratas para exigir la publicación íntegra de los expedientes, al punto de que Trump rompió públicamente con Greene, la calificó de “traidora” y retiró su apoyo, en buena medida por su presión para liberar los archivos de Epstein. El congresista Ro Khanna sostiene que con esta votación se rompió por primera vez el bloque monolítico del MAGA, mientras analistas advierten que la inminente publicación de los archivos —con potencial para implicar a figuras de ambos partidos— puede profundizar las divisiones internas y reconfigurar el equilibrio de fuerzas dentro del trumpismo.
