La tensión diplomática entre México y Perú se reactivó esta semana luego de que el presidente del Consejo de Ministros de Perú advirtiera sobre la posibilidad de que fuerzas de seguridad de su país ingresen a la embajada mexicana en Lima para detener a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana que permanece asilada desde principios de noviembre. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó esta postura como “unilateral” y subrayó que el asilo se sostiene plenamente en el derecho internacional, en particular en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la cual ambos países son signatarios.

Sheinbaum reiteró que cualquier incursión en la embajada constituiría una “violación grave” del derecho internacional y de la soberanía mexicana. “Podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional”, señaló la mandataria que también recordó el precedente del asalto a la embajada de México en Ecuador en 2024, destacando que una intervención de esta índole “estaría fuera de toda norma”. En la misma línea, el canciller Juan Ramón de la Fuente defendió la tradición histórica mexicana en materia de asilo y señaló que la protección a Chávez no contraviene ninguna norma internacional vigente.

En este contexto, la Cancillería mexicana ha mantenido operativos los canales consulares para garantizar la atención a ciudadanos peruanos en territorio mexicano, así como a sus connacionales en Perú, al tiempo que sostiene la posición de que, pese al diferendo político, confía en el pleno restablecimiento de los vínculos bilaterales bajo principios de cooperación y respeto mutuo.