El lunes 24 de noviembre Trump firmó la orden ejecutiva denominada “Launching the Genesis Mission” que marca el intento de la actual administración de organizar el uso de Inteligencia Artificial en toda la infraestructura científica del Estado federal. Las agencias implicadas deberán facilitar la lectura de sus conjuntos de datos mediante redes neuronales y otras herramientas de IA.

El plan se apoya en los 17 laboratorios nacionales del Departamento de Energía y en grandes repositorios de datos públicos (salud, energía, clima, defensa) para acelerar descubrimientos en campos como nuevos materiales, energía avanzada, medicina y aplicaciones militares. La Casa Blanca presenta la iniciativa como la respuesta de EE. UU. a la carrera global por la IA científica y como un modo de “monetizar” los datos que el Estado ya posee, canalizando fondos y contratos hacia empresas estadounidenses de software y hardware de alto desempeño. Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, lo describió como «la mayor movilización de recursos científicos federales desde el programa Apolo».

Sin embargo, el anuncio abre varios frentes de debate. Investigadores y especialistas en privacidad señalan que la orden es vaga sobre quién controlará el acceso a esos datasets, qué empresas podrán entrenar modelos con ellos y cómo se evitarán sesgos o usos indebidos, particularmente si se integran datos sensibles (salud, biometría, patrones de movilidad) en plataformas de IA comerciales.