Las elecciones generales de Honduras, celebradas el pasado domingo 30 de noviembre, han entrado en un escenario de gran incertidumbre política. Los resultados preliminares del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) muestran un empate técnico entre dos candidatos conservadores: Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, representante del Partido Liberal. Sin embargo, el lento avance del recuento y las constantes fallas del sistema de transmisión de datos han generado serias dudas sobre la transparencia del proceso, obligando al Consejo Nacional Electoral (CNE) ha reconocido “fallas técnicas en la publicación de los resultados”. Situación que mantiene al país en una tensa espera mientras el conteo oficial no llega a una conclusión clara.

En un lejano tercer lugar se ubica Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien ha denunciado públicamente que “se intenta consolidar un nuevo fraude electoral por parte del bipartidismo”. Durante una conferencia de prensa el lunes 1 de diciembre, señaló que una parte importante de las actas presentadas tanto por el Partido Nacional como por el Partido Liberal presentan una cantidad mayor de votos de los que realmente corresponden. Por ello anunció que su movimiento exigirá la revisión de estas actas utilizando todos los recursos legales disponibles.

En pleno recuento electoral, el martes 2 de diciembre se supo que el presidente Donald Trump otorgó un indulto total al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue liberado de una prisión federal de máxima seguridad en Hazelton, Pensilvania. Hernández había sido condenado en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico y tráfico de armas. En la sentencia, la fiscalía lo describió como “uno de los criminales más culpables jamás procesados en Estados Unidos”.

El jueves 4 de diciembre, movimientos populares se concentraron frente a la sede del CNE y de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa para denunciar las irregularidades en el proceso electoral y la intervención extranjera en el proceso electoral. “El proceso electoral en nuestro país demuestra la capacidad real de Estados Unidos para influir en nuestra frágil democracia y favorecer que sectores económicos y criminales asuman el poder político”, afirma el comunicado que convocó a la protesta firmado por una decenas de organizaciones.

Ese mismo día, luego de obtener una leve ventaja durante algunas horas, el candidato liberal denunció una nueva caída del sistema de transmisión de datos, tras la cual aseguró que un “algoritmo alteró la información”, otorgando nuevamente una ventaja al candidato del Partido Nacional, Asfura.

Nasralla también denunció que la empresa encargada del sistema TREP, ASD, estaría retrasando el ingreso de actas provenientes de zonas donde él obtuvo mejores resultados —como Cortés, Yoro, Atlántida y Colón— mientras aceleraba las que favorecen al Partido Nacional. Cientos de actas, asegura, fueron enviadas directamente a escrutinio especial, lo que considera una maniobra para revertir los resultados.

A las acusaciones se sumó el consejero del CNE, Marlon Ochoa, vinculado al Partido Libre, quien afirmó que se está ejecutando una “trama de golpe electoral” en Honduras. Según Ochoa, el TREP se ha convertido en una “verdadera trampa” y estas podrían ser “las elecciones menos transparentes y más manipuladas de nuestra historia democrática”, superando incluso los cuestionados procesos electorales de 2013 y 2017.

En este ambiente de tensión, lentitud y desconfianza, luego de la transmisión de los resultados preliminares, el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para declarar un resultado definitivo.