“Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá, con el TMEC. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”, publicó en un documento en X el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. La respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue inmediata: la cancillería envió una nota de “extrañamiento” a la sede diplomática estadounidense argumentando que las declaraciones del funcionario “representan una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de México y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos”.

En la Mañanera, el presidente defendió el escrito de la cartera de Relaciones Exteriores y puntualizó: “No enojarnos, tener presentes las cosas y defender nuestra independencia y soberanía y no someternos a ninguna potencia extranjera. No es nada más el caso de Estados Unidos, ninguna hegemonía, ningún país extranjero puede imponernos a nosotros las políticas que corresponden a los mexicanos decidir, como este caso, es una burda actitud intervencionista». Asimismo, también criticó a Canadá que, vía Graeme Clark, su embajador en México, se sumó a criticar la reforma judicial asegurando que los inversionistas se mantienen en una total incertidumbre ante la posible aprobación de los cambios en materia judicial.

La intromisión de actores extranjeros en la decisión popular de los mexicanos se potenció en la última semana, solo para dar dos ejemplos del gigante del Norte: el Colegio de Abogados de Nueva York (New York City Bar) publicó un informe con duros posicionamientos a la reforma: “El actual gobierno mexicano intenta promover una reforma judicial que amenaza con socavar las condiciones institucionales que protegen los derechos humanos, proporcionan un acceso imparcial a la justicia y preservan el Estado de derecho. La motivación de la propuesta de reforma constitucional es el descontento del Presidente con las decisiones de la Suprema Corte que anulan algunas de sus políticas y reformas legales prioritarias. El Colegio de Abogados de la Ciudad se opone a cualquier acción del gobierno mexicano que comprometa la independencia del poder judicial”; y la ONG Wola, en un sentido similar, expresó que “el problema de la reforma judicial no radica en que la elección popular de jueces y juezas otorga ‘demasiado’ poder a la población. El problema, por el contrario, es que la elección popular de autoridades judiciales, filtrada por intereses políticos y las fallas ya mencionadas, debilitaría la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a las personas expuestas a la impunidad y el abuso”.