En medio de una creciente tensión política, 17 gobernadores de departamentos colombianos se reunieron este 15 de enero en la Federación Nacional de Departamentos (FND) para rechazar de forma unánime el decreto 1474, que declara la emergencia económica por parte del Ejecutivo. Esta medida tomada por el presidente Gustavo Petro, actualmente bajo revisión de la Corte Constitucional por demandas en su contra, estipula incrementos significativos en impuestos como el IVA a bebidas alcohólicas (del 5% al 19%) y un alza cercana al 300% en cigarrillos, lo que amenaza los ingresos regionales provenientes de rentas de licores y tabaco, esenciales para financiar salud (37%), educación (14%) y deporte (3%) según la Ley 1816 de 2016. Gobernadores como Andrés Julián Rendón (Antioquia), Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca), Adriana Magali Matiz (Tolima) y Rafaela Cortés (Meta) lideraron la rebelión, invocando la excepción de inconstitucionalidad para no aplicarla en sus territorios hasta que el alto tribunal se pronuncie, argumentando que atenta contra la autonomía fiscal y podría fomentar el contrabando ligado a grupos ilegales, agravando la financiación de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) en el régimen subsidiado.
El gobierno nacional respondió con dureza por medio del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien calificó la postura como un “mal ejemplo” que invita a no acatar la ley y configura prevaricato, acusando a los mandatarios de usurpar funciones de la Corte Constitucional. Por su parte, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, enfatizó que “el orden constitucional lo hacemos valer” y anunció acciones jurídicas contra quienes obstaculicen la ejecución del decreto, subrayando que ninguna autoridad territorial puede intervenir en medidas de emergencia. Inicialmente firmada por 17 gobernadores, la decisión sumó respaldo de los 32 departamentos al cierre de la reunión, con planes para intervenciones ante la Corte, tutelas individuales y un documento jurídico conjunto de la FND.
La controversia expone fracturas más profundas entre el Ejecutivo y las regiones, exacerbadas por los recortes presupuestales de 16 billones de pesos para 2026 que responden principalmente al hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, que buscaba recaudar esa cifra para equilibrar el Presupuesto General de la Nación (PGN), aprobado en 546,9 billones tras ajustes iniciales de diez billones menos que lo propuesto por el gobierno. Estos recortes acumulados, provenientes de un aplazamiento de 12 billones por la caída de la Ley de Financiamiento y un recorte adicional de 4,2 billones al cierre de 2025, afectan inversión pública en sectores clave como vías 4G, el Metro de Bogotá, la Agencia Nacional de Tierras y programas sociales, debido a una caída en el recaudo tributario por debajo de las metas.
Mientras los gobernadores alertan sobre riesgos a la estabilidad financiera territorial y llaman a un bloque con alcaldes vía Asocapitales, cuya carta ya llegó a la Corte solicitando suspensión, el gobierno insiste en la obligatoriedad de la norma para enfrentar la crisis fiscal, dejando en vilo su implementación y posibles repercusiones patrimoniales para los discrepantes, mientras la Corte evalúa si el uso reiterado de emergencias vulnera el equilibrio de poderes o justifica medidas ante la crisis económica.
