El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, formalmente firmado el 17 de enero de 2026 en Paraguay, marcó el cierre de más de 25 años de negociaciones y dio inicio a una nueva fase centrada en la ratificación política e institucional del tratado. El pacto involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por el lado sudamericano, y a los 27 países de la Unión Europea, y establece una amplia zona de libre comercio que abarca bienes, servicios, inversiones y compromisos regulatorios.

En la antesala de la firma, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibió en Río de Janeiro a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y celebró el avance del acuerdo como un hito político. Aunque Lula no asistió a la ceremonia formal en Paraguay, el gobierno brasileño presentó la conclusión del tratado como un logro central de su política exterior y confirmó que iniciaría de inmediato los trámites internos para su aprobación en el Congreso Nacional.

El escenario cambió pocos días después. El 21 de enero de 2026, el Parlamento Europeo aprobó, por una votación ajustada, enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para un análisis jurídico previo a su ratificación. La decisión respondió a una iniciativa de parlamentarios críticos del tratado, que solicitaron al tribunal evaluar si determinadas cláusulas del pacto son compatibles con el marco legal europeo y si el acuerdo podría limitar la capacidad regulatoria de la Unión en áreas como medio ambiente y salud pública. El proceso judicial podría extenderse entre 18 y 24 meses.

Frente a esta judicialización en Europa, el gobierno brasileño adoptó una postura de continuidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) informó que seguiría acompañando los desdoblamientos del proceso europeo, pero reafirmó que la prioridad de Brasil sería avanzar con la ratificación interna del acuerdo. Interlocutores del Palácio do Planalto señalaron que la posibilidad de obstáculos en el Parlamento Europeo ya era considerada durante la negociación y que no alteraba la estrategia brasileña.

Entre el 21 y el 22 de enero, el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, confirmó que el Ejecutivo trabajaría para enviar el texto al Congreso aún en el primer semestre de 2026. El objetivo anunciado fue concluir la tramitación legislativa brasileña antes del período electoral, reforzando el compromiso del Mercosur con el acuerdo y creando presión política sobre las instituciones europeas.

En declaraciones públicas, el gobierno brasileño destacó que la ratificación rápida por los parlamentos sudamericanos podría fortalecer la posición de la Comisión Europea y del Consejo Europeo frente a sectores contrarios al acuerdo dentro de la UE.