El llamado ‘caso Banco Master’ escaló con rapidez al centro del debate institucional brasileño durante la segunda quincena de enero de 2026, al converger una crisis financiera dentro de un conglomerado bancario, investigaciones judiciales en curso y una creciente presión política dirigida al Supremo Tribunal Federal (STF). Los acontecimientos se desarrollaron de forma paralela en los planos administrativo, judicial y político, sin que, hasta el 23 de enero, se hubieran adoptado decisiones definitivas por parte de las máximas instancias del poder judicial.
El detonante inmediato fue la situación del Will Bank, banco digital integrante del conglomerado financiero liderado por el Banco Master. El 20 de enero de 2026, el Banco Central de Brasil (BCB) decretó la liquidación extrajudicial de Will Bank, señalando el “comprometimiento de su situación económico-financiera”. La intervención implicó la interrupción de las operaciones de la entidad y la activación de los mecanismos legales de protección a los clientes, entre ellos el inicio del pago de depósitos garantizados por el Fondo Garantidor de Créditos (FGC). A partir de ese momento, el Banco Central pasó a supervisar el proceso de liquidación y a monitorear los efectos de la medida sobre el resto del conglomerado.
En paralelo al frente regulatorio, avanzaban investigaciones judiciales relacionadas con el grupo Banco Master, algunas de ellas con tramitación en el ámbito del STF. En ese contexto, informaciones periodísticas comenzaron a mencionar al ministro Dias Toffoli, integrante de la Corte, debido a la existencia de vínculos indirectos entre su entorno familiar y negocios privados que, en distintos momentos, habrían mantenido relación con activos asociados al grupo financiero investigado. Las publicaciones indicaron que familiares del magistrado tuvieron participación previa en emprendimientos que más tarde pasaron a estar bajo escrutinio judicial, lo que llevó a cuestionamientos públicos sobre la eventual existencia de conflictos de interés.
Estas revelaciones impulsaron una reacción inmediata en el ámbito político. Entre el 22 y el 23 de enero, parlamentarios de la oposición presentaron pedidos formales de investigación, solicitudes de sospecha e incluso requerimientos de impeachment contra el ministro Dias Toffoli. Los documentos fueron dirigidos a diferentes instancias del Congreso y se apoyaron en la argumentación de que la imparcialidad del magistrado podría estar comprometida en procesos vinculados al Banco Master. Al mismo tiempo, legisladores solicitaron que el STF evaluará la posibilidad de apartar al ministro de los casos relacionados con el conglomerado financiero mientras se analizan los antecedentes revelados por la prensa.
La controversia trascendió el ámbito institucional y llegó al espacio público cuando un grupo de manifestantes se concentró frente a la sede del Banco Master, en la ciudad de São Paulo. La movilización fue de alcance limitado y sin incidentes reportados, pero añadió visibilidad social al caso. Durante la protesta, los participantes reclamaron esclarecimientos sobre las investigaciones en curso y pidieron que las autoridades profundicen las indagatorias, incluida la eventual colaboración de directivos del banco con la Justicia.
Ante el aumento de la presión política y mediática, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, se pronunció públicamente. El magistrado afirmó que la actuación del ministro Dias Toffoli en los procesos bajo su responsabilidad se ajustaba a los marcos legales vigentes y subrayó la importancia de preservar la institucionalidad del STF frente a tensiones externas. El presidente de la Corte destacó que cualquier evaluación sobre la conducta de un magistrado debía seguir los canales formales previstos por la Constitución y los reglamentos internos del tribunal.
Hasta el 23 de enero de 2026, no se había anunciado ninguna resolución formal sobre el apartamiento de Toffoli de los casos relacionados con el Banco Master ni la apertura de un proceso disciplinario en su contra dentro del STF. Las investigaciones financieras y judiciales continuaban en curso, mientras el Banco Central avanzaba con la liquidación del Will Bank y el pago de los valores garantizados a los clientes afectados.
En ese punto, el caso se mantenía abierto en dos frentes simultáneos. Por un lado, el frente administrativo y financiero, encabezado por el Banco Central y el FGC, centrado en la estabilidad del sistema financiero y la resolución ordenada de la entidad liquidada. Por otro, el frente político-institucional, marcado por pedidos parlamentarios, debates públicos sobre la actuación del STF y pronunciamientos de las máximas autoridades del Poder Judicial. Al cierre del período analizado, no existían conclusiones definitivas ni decisiones judiciales que modificaran la composición del Supremo Tribunal Federal o el curso de las investigaciones en torno al grupo Banco Master.
