El gobierno de Javier Milei tardó casi dos meses en reaccionar ante una de las peores temporadas de incendios forestales en la Patagonia, donde el fuego arrasó cerca de 50 mil hectáreas en el noroeste de Chubut, destruyó viviendas, infraestructura productiva y una vasta fauna silvestre. Mientras las llamas avanzaban sobre Cholila, Esquel y el Parque Nacional Los Alerces, el Estado Nacional se mantuvo en una ausencia que vecinos, brigadistas y autoridades locales describen como dramática, obligando a comunidades enteras a organizar por su cuenta la primera línea de defensa contra el fuego. Recién después de más de un mes y más de 230 mil hectáreas quemadas en toda la región, la Casa Rosada anunció que declarará la Emergencia Ígnea mediante un decreto presidencial, una medida reclamada desde diciembre por organizaciones socioambientales y gobiernos patagónicos.
El retraso no fue solo administrativo: también implicó la retención de fondos clave para combatir los incendios. El Gobierno informó el envío de unos 150 mil millones de pesos (unos 100 millones de dólares) para Bomberos Voluntarios como si fuera un refuerzo extraordinario, pero se trata de recursos de la Ley de Bomberos que ya habían sido recaudados y que el Ejecutivo retuvo para apuntalar su objetivo de superávit fiscal. Algo similar ocurre con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que sufrió un recorte cercano al 80%, dejando sin ejecución partidas que deberían estar pagando brigadistas, equipamiento y logística en los territorios más afectados. En paralelo, los gobernadores patagónicos que ahora exigen respuestas acompañaron en el Congreso las normas de ajuste que desfinanciaron ese sistema.
En el territorio, la respuesta estatal llegó tarde y fragmentada. En Esquel, recién en estos días comenzaron a desplegarse maquinarias y cuadrillas para abrir fajas cortafuego en Alto Río Percy, mientras que en Cholila la extrema sequía obliga a voluntarios a recorrer kilómetros con camionetas cargadas de agua para atacar focos que se multiplican por las pavesas transportadas por el viento. Escuelas rurales como la 75, la 103 y la 727 se transformaron en centros logísticos autogestionados donde vecinos organizan comidas, atención básica y descanso para brigadistas que pasan jornadas enteras “a cuerpo” contra las llamas. La sensación en la región es que el Estado nacional se hizo presente cuando el daño ambiental, social y económico ya era masivo y cuando la presión política se volvió inocultable.
En las ciudades patagónicas y en Buenos Aires, organizaciones ambientales, brigadistas y vecinos preparan y realizan marchas para exigir la inmediata declaración de la Emergencia Ígnea, la ejecución total de los fondos específicos y el fin de los recortes al Manejo del Fuego. La protesta también apunta contra los intentos de modificar la Ley de Bosques, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Glaciares, que son vistas en la región como un combo que agrava la vulnerabilidad frente a los incendios y habilita negocios inmobiliarios y extractivos sobre territorios arrasados. Bajo la consigna de que “la Patagonia arde y el Estado no llega”, los manifestantes advierten que la demora del Gobierno en declarar la emergencia no es un simple problema de tiempos burocráticos, sino el reflejo de una política que prioriza el ajuste fiscal por encima de la protección de los ecosistemas y de las comunidades que los habitan.
