El 30 de enero el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) subió más de 3 millones de páginas adicionales, junto con miles de videos e imágenes, como cumplimiento del Epstein Files Transparency Act firmado por Donald Trump. El propio DOJ admitió que parte del material queda excluido por privacidad de víctimas y límites legales, y se volvieron a abrir críticas por exposición accidental de datos sensibles y por la falta de contexto editorial.

En términos de contenido, el paquete refuerza algo ya conocido pero ahora más documentado: Ghislaine Maxwell y Epstein operaron dentro de una red transversal (empresarios, académicos, celebridades y política), donde aparecen nombres y contactos de distintas procedencias y signos políticos en agendas, correos, listados y reportes. En la mayoría de los casos, “figurar” en los papeles no equivale a participación criminal. El abanico de nombres es amplio: desde Bill Clinton, Trump, Elon Musk, el académico Noam Chomsky hasta el Príncipe Andrés.

El material reciente incluyó piezas que renovaron el foco en conexiones internacionales: por ejemplo, comunicaciones vinculadas al ex primer ministro israelí Ehud Barak, usadas para reconstruir la relación y los circuitos de asesoría y negocios alrededor de Epstein. Ese material alimentó lecturas políticas y mediáticas sobre el alcance geopolítico de su red; pero, las conclusiones sobre participación orgánica de servicios de inteligencia (como el Mossad) siguen siendo objeto de disputa. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Epstein no trabajaba para Israel y que el vínculo con Ehud Barak lo probaría.

En paralelo, la publicación funcionó como combustible para una profusión mediática de análisis y teorías en redes sociales, además de desinformación a partir de la creación de imágenes falsas. No obstante, lo que demuestra el caso Epstein es la impunidad y colaboración de las élites mundiales en episodios de nula moralidad de personas que ejercen cargos y funciones centrales en la toma de decisiones.