La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el jueves 12 de febrero la cancelación de mil 126 concesiones mineras que abarcaban 889 mil hectáreas, en lo que representa un reordenamiento del esquema concesionario heredado del periodo neoliberal. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que 713 concesiones se localizaban en Áreas Naturales Protegidas (249 mil hectáreas), mientras que el resto correspondía a terrenos sin actividad extractiva. Según el Gobierno de México, alrededor del 90% de los títulos cancelados estaban en manos de particulares que los mantenían con fines especulativos, muchos de ellos otorgados durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

La medida busca desarticular el mercado especulativo que permitió la acumulación de territorios sin explotación efectiva, especialmente en Sonora, Durango, Coahuila, Jalisco, Zacatecas y Chihuahua. La presidenta estableció que las reservas minerales no forman parte de negociaciones internacionales, en particular el litio, cuya explotación quedó reservada al Estado mediante reforma constitucional en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No obstante, reconoció que el país enfrenta desafíos técnicos y financieros para producirlo de manera viable, y que el Instituto Mexicano del Petróleo y Litio MX trabaja en alternativas tecnológicas.

El reordenamiento interno se articula con el Plan de Acción sobre Minerales Críticos acordado con Estados Unidos y con los compromisos derivados del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De acuerdo con Ebrard, la participación mexicana en estos esquemas busca asegurar el abastecimiento de insumos que el país importa casi en su totalidad —aluminio, titanio, cromo, cobalto y níquel— esenciales para sectores estratégicos. El modelo combina control estatal sobre reservas nacionales con integración en cadenas de valor norteamericanas para minerales que México no produce.