El pasado martes 10 de febrero detuvieron al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, de la Revolución Ciudadana (RC), en un operativo liderado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Nacional. La detención se llevó a cabo en el contexto del denominado «Caso Goleada«, una investigación que vincula a Álvarez y a sus hermanos con el presunto comercio irregular de combustibles, lavado de activos y defraudación fiscal.
La Fiscalía basa su acusación en indicios que incluyen pericias de chats de WhatsApp y el seguimiento de supuestas transacciones vinculadas a la comercialización de hidrocarburos. Según la FGE, el esquema «Goleada» habría perjudicado al Estado mediante el desvío de recursos energéticos. Por su parte, la defensa técnica del alcalde ha cuestionado la legitimidad del proceso, señalando que el caso se originó a partir de una denuncia anónima y que la prisión preventiva es una medida desproporcionada basada en interpretaciones subjetivas de comunicaciones privadas.
Ante la ausencia de Álvarez —al menos durante el tiempo que dure la instrucción fiscal con prisión—, Tatiana Coronel ha asumido la alcaldía de Guayaquil de forma encargada. Su posesión se dio en una sesión donde los concejales afines al alcalde detenido denunciaron que no se está persiguiendo un delito, sino a una «autoridad que incomoda» al poder central. Coronel enfrenta el reto de dar continuidad a la gestión municipal mientras el entorno de Álvarez intenta que el funcionario pueda defenderse en libertad.
La RC ha cerrado filas en respaldo a Álvarez, calificando el proceso como un «show político» y una estrategia para silenciar voces críticas. Figuras como Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento, han cuestionado directamente al gobierno nacional por la detención, insinuando que algo intenta ocultar mediante estas detenciones de alto impacto. Por su parte el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificó la situación como «preocupante» para la estabilidad democrática del país. Mientras tanto, las calles de Guayaquil han registrado protestas de seguidores del alcalde, lo que ha obligado a los militares a resguardar los alrededores de la Fiscalía para evitar disturbios.
Esta detención se suma a los movimientos judiciales previos que el Estado ha iniciado contra líderes y referentes de la RC en el año pre-electoral. En efecto, en el marco del caso “Caja Chica”, una investigación que apunta a presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de activos, se llevó a cabo el allanamiento de la vivienda de Luisa González, ex candidata presidencial del correísmo y se están investigando a ocho figuras clave de la RC, incluido el expresidente Rafael Correa.
