En su último comunicado oficial, el Gobierno de Ecuador anunció un incremento de los aranceles aplicados a las importaciones provenientes de Colombia, elevándolos del 30 % al 50 % a partir del 1 de marzo de 2026. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ecuatoriano explicó que esta medida denominada “tasa de seguridad” responde a la percepción de que Colombia no ha implementado acciones “concretas y efectivas” para mejorar el control de seguridad en la frontera común, un punto que ha sido enfatizado por Quito como fundamental para poder sostener el comercio de forma “corresponsable”.
La decisión forma parte de una escalada en la disputa comercial que se inició a finales de enero, cuando Ecuador impuso el arancel del 30 % a todas las importaciones colombianas. Colombia respondió de manera recíproca, aplicando un arancel similar, el 30 % a una amplia lista de productos ecuatorianos y adoptando otras medidas como la restricción del ingreso de ciertos alimentos por vía terrestre.
El incremento arancelario al 50 % marca un nuevo punto en este conflicto y ha generado preocupaciones entre sectores empresariales y operadores de comercio exterior en ambos países. Organizaciones como Analdex han cuestionado la eficacia de estas medidas, argumentando que los aranceles “terminan castigando al comercio formal y legal” y no resuelven los problemas de fondo en materia de seguridad en la frontera. Según estas versiones, la imposición de gravámenes tan altos podría reducir el volumen de comercio bilateral y afectar a cientos de empresas vinculadas a estas exportaciones. Se prevé que productos como energía eléctrica y medicamentos, entre otros bienes exportados desde Colombia, se vuelvan significativamente más caros para los consumidores ecuatorianos. De acuerdo con datos de comercio exterior, estos rubros representaron una parte importante del intercambio en 2025 y serían sectores que sentirían de manera más aguda el impacto del alza.
Detrás de las decisiones oficiales, la narrativa de Quito enfatiza cuestiones de seguridad fronteriza y la necesidad de cooperación en la lucha contra organizaciones criminales y el narcotráfico, pero los críticos de estas medidas sostienen que no hay claridad suficiente sobre cómo aranceles comerciales contribuirían a esos fines, y que además dichas barreras pueden contradecir compromisos establecidos en acuerdos comerciales regionales como los que rigen la Comunidad Andina de Naciones.
