La Asamblea Nacional aprobó con 77 votos el proyecto de ley económica urgente que limita el manejo presupuestario de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Esta normativa busca establecer límites estrictos al gasto administrativo y corriente de municipios y prefecturas provinciales, obligándolos a “priorizar” la inversión en obras públicas. El presidente Daniel Noboa defendió la reforma argumentando la necesidad de la optimización de recursos estatales y la transparencia, asegurando que la ley es vital para “corregir” la administración de recursos de los gobiernos locales. Por su parte, el secretario Jurídico de la Presidencia afirmó que, pese a las críticas, una mayoría de municipios en el país aprueba los cambios realizados al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
La nueva ley de los GAD estipula cambios profundos, obligando a que al menos el 70% del presupuesto se destine a gasto no permanente, es decir, a inversión y mantenimiento de obras. También se limita la contratación de personal y erogaciones administrativas. La publicación de los detalles de la ley generó reacciones inmediatas y contrapuestas en el legislativo y en los territorios: mientras unos la ven como una herramienta de austeridad, otros consideran que vulnera la autonomía administrativa garantizada por la Constitución. Los Gobiernos Autónomos ahora enfrentan el reto de reajustar sus planes operativos anuales para cumplir con los nuevos techos de gasto impuestos por la Asamblea.
En respuesta a la aprobación, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sostuvo que se sumará a la presentación de demandas de inconstitucionalidad contra la ley. Muñoz sostiene que la reforma invade competencias locales y asfixia la capacidad de gestión de la capital. A su vez el movimiento político indígena Pachakutik, también presentará una demanda contra la reforma al COOTAD, vinculando su postura con la defensa de los territorios de cara a las elecciones seccionales de 2027. Al cierre de este reporte, la Corte Constitucional ya ha recibido al menos tres demandas de inconstitucionalidad que buscan frenar la aplicación de la normativa: una del concejal de Quito, Andrés Campaña; otra de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación de Barrios de Quito; y la tercera de dirigentes del movimiento Unidad Popular (UP).
Más allá de los tribunales, el conflicto se ha trasladado al espacio público. Se ha anunciado una marcha de protesta para el próximo 13 de marzo en Quito, que pretende marcar una jornada de movilizaciones nacionales contra la reforma del COOTAD. Esta convocatoria aglutina a diversos sectores que ven en la ley una amenaza a la inversión social y al desarrollo local.
