El cierre parcial del Departamento de Seguridad Interior (DHS) golpea el funcionamiento del sistema aeroportuario estadounidense, en un contexto de bloqueo político en Washington sobre la financiación de la cartera y, en particular, sobre el rumbo de la política migratoria. Como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) forma parte del DHS y cerca del 95% de su personal es considerado esencial, los controles de seguridad no se detuvieron, pero siguieron operando con agentes obligados a trabajar sin cobrar, una fórmula que empezó a traducirse en más tensión laboral y una pérdida visible de capacidad operativa. Más de 120 mil empleados del DHS continúan afectados por el impasse, mientras las negociaciones en el Senado mostraron algunos avances.

El ausentismo de trabajadores a nivel nacional en la TSA llegó al 10,2%, con picos mucho más altos en terminales clave: 38% en Atlanta y Houston Bush, y alrededor de 25% en JFK y San Juan. Los tiempos de espera se volvieron impredecibles, con cierres parciales de puestos de control, mayores demoras y una creciente dificultad para anticipar cuánto tardará cada aeropuerto en procesar pasajeros. La administración ya advirtió que, si la situación se prolonga, algunos aeropuertos pequeños podrían verse obligados a suspender operaciones porque no tienen margen para redistribuir personal como sí ocurre en los grandes aeropuertos. La falta de acuerdo sobre el cierre del DHS confirma un problema político y de gestión estatal, con efectos directos sobre la movilidad interna y el turismo.