El 13 de marzo de 2026, tras tres años de permanecer prófugo, el uruguayo Sebastián Marset fue detenido en un operativo en Santa Cruz de la Sierra. Durante la intervención en la zona exclusiva del Urubó, la policía descubrió un importante arsenal de armas y cargamentos de droga. Ante la reconocida «fragilidad penitenciaria» del país, el gobierno de Rodrigo Paz optó por la entrega inmediata de Marset a Estados Unidos, donde ya se encuentra recluido en una prisión federal enfrentando cargos por lavado de dinero y narcotráfico a gran escala.

El presidente Rodrigo Paz ha calificado esta captura como una señal al mundo y un «punto de inflexión» para el Estado boliviano. El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada y la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés), agradeció formalmente la colaboración de la administración de Paz. Asimismo, la Unión Europea destacó el impacto directo de este golpe en la seguridad del Viejo Continente. En contraste, la peligrosidad del grupo criminal obligó a la embajada estadounidense a suspender sus actividades consulares en Santa Cruz por motivos de seguridad, pidiendo a sus ciudadanos extremar precauciones.

A lo largo de la semana, las investigaciones han revelado la magnitud de la red que Marset operaba. La policía confirmó que el uruguayo utilizaba más de diez identidades falsas para liderar su organización internacional. Tras su captura, se incautaron 16 aeronaves y otros bienes valorados en más de 15 millones de dólares. El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que Marset no se ha acogido al silencio en Estados Unidos y ha comenzado a declarar, lo que abre una nueva fase investigativa que incluye procesos judiciales contra su círculo cercano, incluida su hermanastra.

La captura de Marset, sin embargo, ya se utiliza en términos políticos. Miembros del Ejecutivo, como el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, han señalado públicamente que el uruguayo operaba con protección de las administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS). En este marco, el expresidente Evo Morales denunció un intento del gobierno de Paz por vincularlo criminalmente con el narco para inhabilitarlo políticamente y perseguirlo judicialmente. Mientras tanto, líderes de la derecha boliviana como Tuto Quiroga sugirieron que Morales se encuentra «compungido» ante las declaraciones que Marset pueda dar en territorio estadounidense, insinuando que el exmandatario podría ser el siguiente en la mira judicial. En varios países de la región los gobiernos de derecha intentan vincular sistemáticamente a los líderes y fuerzas progresistas con redes narco criminales para justificar procesos de persecución y proscripción. Cabe preguntarse si Paz seguirá el mismo libreto a partir del caso Marset.