El llamado “impuesto a las viviendas ociosas” impulsado por el alcalde Zohran Mamdani en Nueva York es, en rigor, una propuesta de pied-à-terre tax (impuesto a segundas residencias de lujo que no constituyen la vivienda principal del propietario y suelen permanecer vacías gran parte del año). La iniciativa fue presentada en acuerdo con la gobernadora demócrata Kathy Hochul y alcanzaría a propiedades en la ciudad valuadas en más de 5 millones de dólares. La medida no afectaría a la residencia principal ni a inmuebles alquilados como vivienda estable.
Según las estimaciones oficiales, el proyecto podría aportar al menos 500 millones de dólares estadounidenses por año a las arcas de Nueva York. El planteo busca reforzar la recaudación sin subir el impuesto a los ingresos de los residentes ni aumentar la carga general sobre empresas, en un contexto de presión presupuestaria para la ciudad. Desde el gobierno estatal y la alcaldía lo presentan como una forma de hacer que propietarios ultra ricos que usan Manhattan y otras zonas de alto valor como reserva patrimonial contribuyan más al financiamiento de servicios públicos.
Las repercusiones fueron inmediatas. Desde el oficialismo y sectores progresistas, la propuesta fue defendida como una medida de equidad fiscal y un gesto político hacia una ciudad con crecientes problemas de asequibilidad. En cambio, dirigentes republicanos y voces del sector inmobiliario y financiero cuestionaron el plan por considerar que podría desalentar inversiones y abrir un nuevo frente tributario en un mercado ya tensionado. Por ahora, el impuesto sigue siendo una propuesta sujeta a negociación, dentro de la discusión presupuestaria del estado.
