El Consejo Europeo autorizó el martes 13 de mayo la firma del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Interino que México y la Unión Europea suscribirán el 22 de mayo en Palacio Nacional, en el marco de la primera cumbre bilateral en once años. La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá a António Costa, presidente del Consejo Europeo, y a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. El secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco calificó el acuerdo de “paso histórico” que “abre nuevas oportunidades” para el país y fortalece la asociación estratégica con el bloque europeo.

El Acuerdo Global Modernizado establece un marco jurídicamente vinculante en materia de diálogo político, cooperación en seguridad, cambio climático, transformación digital y derechos humanos. Por su parte, el Acuerdo Comercial Interino —de competencia exclusiva de la UE y por tanto de ratificación más expedita, prevista para 2027— tiene por objetivo obtener cuanto antes los beneficios económicos de los compromisos comerciales negociados. Entre sus disposiciones centrales figuran la desgravación inmediata del mercado agroalimentario europeo para productos mexicanos, la eliminación de aranceles sobre autopartes y vehículos —que actualmente promedian un 10%—, la protección de denominaciones de origen como el café de Chiapas, el chile habanero de Yucatán y la vainilla de Veracruz, y normas modernas sobre comercio digital y facilitación aduanera. La Secretaría de Economía proyecta incrementar en un 50% las exportaciones mexicanas a la UE para 2030, pasando de 23 mil 800 millones de dólares a 36 mil 100 millones.

El acuerdo llega en un momento en que tanto México como la UE comparten el imperativo de reducir su dependencia del mercado estadounidense. Fuentes europeas lo calificaron de “señal geopolítica a favor del comercio abierto” y de defensa del orden internacional basado en normas. Para México, cuyo intercambio comercial con la UE supera los 86 mil millones de euros anuales, el acuerdo amplía el horizonte de diversificación en un momento de nueva presión arancelaria y política desde Washington.

En efecto, la Oficina Comercial estadounidense (USTR) incluyó a México en una serie de investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 por presuntos “excesos de capacidad” en sus manufacturas, junto a China, la India, Vietnam, Japón y otros países. El gobierno mexicano rechazó los señalamientos y solicitó su exclusión, argumentando ante la USTR que “no existe fundamento legal ni fáctico” para la inclusión de México, y advirtiendo sobre el riesgo de interrupciones en las cadenas de suministro norteamericanas y la inconsistencia de las medidas con las obligaciones estadounidenses ante la OMC y el T-MEC. El sector siderúrgico señaló, además, que el 55% del acero que importa México proviene del propio Estados Unidos, y que los aranceles adicionales solo beneficiarían a los competidores asiáticos.