El proyecto de ley C-22, conocido como la Ley de Acceso Lícito, atravesó esta semana su momento de mayor turbulencia desde su introducción en el Parlamento en marzo. La legislación propuesta por el gobierno de Mark Carney obligaría a los proveedores de servicios electrónicos a construir capacidades de vigilancia y retener metadatos de usuarios por hasta un año, con el argumento de facilitar investigaciones policiales y de inteligencia. La respuesta del sector tecnológico fue inmediata y contundente: Signal, la plataforma de mensajería cifrada más utilizada por periodistas, abogados y funcionarios, advirtió que se retiraría del mercado canadiense antes de comprometer la privacidad de sus usuarios. NordVPN y Windscribe —esta última con sede en Toronto— emitieron advertencias similares. Apple y Meta también levantaron objeciones públicas sobre el impacto del proyecto en los estándares de cifrado.
La controversia trascendió las fronteras canadienses cuando dos comités del Congreso de Estados Unidos advirtieron que el proyecto de ley expandiría «drásticamente» los poderes de vigilancia de Canadá de maneras que crean «riesgos transfronterizos significativos para la seguridad y privacidad de los datos de los estadounidenses». Un grupo de presión que representa a las principales empresas tecnológicas globales también llamó al gobierno canadiense a retirar el proyecto, sugiriendo que su aprobación podría tener consecuencias en la relación comercial bilateral. El impacto doméstico tampoco fue menor: la Cámara de Comercio Canadiense, la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, el organismo de revisión de inteligencia del propio gobierno y una amplia coalición de expertos legales y en ciberseguridad se pronunciaron en contra del texto, en lo que el profesor de derecho informático Michael Geist de la Universidad de Ottawa describió como un proyecto que «se fue de los rieles».
El gobierno de Carney intentó contener el daño. El ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, insistió en que la ley no crea nuevos poderes de interceptación ni instala «puertas traseras» en los dispositivos de los canadienses, y que cualquier acceso a datos seguirá requiriendo autorización judicial. Sin embargo, la acumulación de críticas de actores tan diversos —desde gigantes tecnológicos globales hasta comités del Congreso estadounidense, pasando por el sector empresarial canadiense— revela una tensión de fondo entre la agenda de seguridad e inteligencia del gobierno liberal y las exigencias del ecosistema digital en el que opera la economía moderna. El proyecto continúa siendo estudiado por un comité parlamentario, pero el escenario político se ha vuelto considerablemente más difícil para su aprobación sin modificaciones sustanciales.
