El jueves 21 de mayo, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense Markwayne Mullin se reunió con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, en una visita acordada tras una conversación telefónica con Donald Trump el 15 de mayo. Al encuentro asistieron también el canciller Roberto Velasco y la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez. Mullin reconoció el trabajo que realiza México en materia de seguridad y ambas partes acordaron una reunión de seguimiento en junio. Sheinbaum, por su parte, insistió en que la cooperación bilateral es “colaboración sin subordinación” y aclaró que las leyes y la Constitución mexicanas no permiten operaciones conjuntas en territorio nacional. La presidenta propuso además incrementar la frecuencia de las reuniones bilaterales “para que no haya malos entendidos”.

La visita tuvo lugar en uno de los momentos de mayor tensión bilateral reciente en materia de seguridad, tras semanas marcadas por denuncias sobre operaciones encubiertas de la CIA en territorio mexicano y acusaciones estadounidenses contra dirigentes del partido gobernante. En este sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el bloqueo de las cuentas bancarias de los diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por Washington de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.

La medida fue adoptada con carácter “estrictamente preventivo”, sin constituir, según la UIF, una determinación definitiva de responsabilidad. Sheinbaum afirmó que “no hay ningún riesgo” en que algunos acusados se entreguen a Estados Unidos, e insistió en que Washington debe presentar pruebas. “Si Estados Unidos presenta esas evidencias, México no protegerá a quien haya cometido un delito”, señaló. En ese mismo contexto, el gobierno mexicano reclamó reciprocidad en materia de extradiciones, señalando que en los últimos ocho años ha presentado 269 solicitudes a Washington sin que ninguna haya sido aceptada.