La Corte Nacional de Justicia (CNJ) aprobó la extradición a Estados Unidos de Celso Moreira, alias Patucho Celso, denominado por el gobierno el “líder invisible” de Los Choneros —la banda criminal ecuatoriana más antigua, vinculada al Cártel de Sinaloa y catalogada como organización terrorista tanto por Ecuador como por Estados Unidos—. El requerimiento provino de un tribunal de Nueva York por presunto narcotráfico y asociación ilícita. Moreira, quien había sido sentenciado previamente a nueve años y cuatro meses de prisión por tráfico de armas, consintió expresamente su extradición. El líder máximo de la organización, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue extraditado el año pasado a Estados Unidos y aguarda juicio en Nueva York.
La decisión se enmarca en una semana de renovadas expresiones de la cooperación bilateral entre Ecuador y Washington en materia de seguridad. En ese contexto, la Armada de Ecuador incorporó a su flota la lancha guardacostas Isla Puná —antes denominada USCG Orcas de la Guardia Costera estadounidense—, en una ceremonia de cambio de bandera celebrada en el Centro de Capacitación de Operaciones Portuarias de Baltimore. La donación se suma a la lancha Isla Santa Rosa, también cedida por Washington el pasado mes de enero, orientada al combate del narcotráfico y la pesca ilegal en el Pacífico.
En la semana, asimismo, se conoció el balance oficial del toque de queda decretado entre el 3 y el 18 de mayo en nueve provincias y varios cantones considerados de alto riesgo. Durante los 15 días de restricción nocturna, el Bloque de Seguridad —integrado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado— aprehendió a más de 5 mil personas y ejecutó 56 operaciones específicas contra estructuras delictivas, además de 378 allanamientos. Entre los resultados materiales, las autoridades decomisaron 9,2 toneladas de droga, 630 armas de fuego, además de municiones, explosivos y retroexcavadoras vinculadas a la minería ilegal.
Sin embargo, solo 717 del total de detenidos —el 14,3%— tenían presuntos nexos con estructuras criminales. El 85,7% restante fue arrestado por incumplir la restricción nocturna o por delitos comunes sin vinculación directa con el crimen organizado. El dato alimentó cuestionamientos sobre el alcance real de la medida y su impacto sobre la población civil, en particular en ciudades costeras y zonas urbanas donde la restricción afectó el funcionamiento de restaurantes, comercios nocturnos y el sector turístico.
