El gobierno de Brasil se pronunció ante el anuncio de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, de designar como organizaciones terroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) –los principales grupos del crimen organizado brasileños– a partir del 5 de junio.
En un comunicado publicado en redes sociales por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el gobierno de Brasil rechazó tal decisión e indicó que se han aplicado medidas para el combate de estas organizaciones como la aprobación de la Ley Antifacciones; la puesta en marcha del programa “Brasil contra el crimen organizado” e, incluso, el pasado mes de abril se presentó ante el propio Departamento de Estado norteamericano una propuesta para ampliar los controles sobre el lavado de dinero en el extranjero y el tráfico de armas enviadas a Brasil.
El anuncio del secretario Rubio se dio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibiera el 26 de mayo a Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de Brasil, encuentro que algunos medios especularon que Bolsonaro buscó –fue a último momento y no estaba incluido en la agenda oficial del presidente Trump– para fortalecer su imagen tras la filtración de señalamientos que lo relacionan con el banquero Daniel Vorcaro, investigado por presunto fraude financiero. No obstante, Bolsonaro indicó que su objetivo fue solicitar que se declarase como organizaciones terroristas al PCC y al CV; prometió adherirse al “Escudo de las Américas” si gana la elección, y habría señalado a Brasil como alternativa para explotar los minerales críticos ante el avance de China en la materia.
Celso Amorim, asesor de la presidencia brasileña para Asuntos Internacionales, fue el primero en reaccionar al calificar como inaceptable tal decisión al afirmar que es un pretexto para allanar el camino a una posible intervención y, aunque el comunicado oficial del gobierno no alude frontalmente al comunicado de Marco Rubio, afirma que rechaza el uso de medidas arbitrarias procedentes del extranjero al considerarse un ataque a la soberanía y economía brasileñas.
