El martes 2 de junio, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) publicó los resultados de sus investigaciones sobre 60 economías en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, y propuso aranceles adicionales de entre el 10% y el 12,5% a los socios comerciales que, según Washington, no prohíben ni hacen cumplir efectivamente la importación de bienes producidos con trabajo forzado. Los países con alguna legislación parcial en la materia —entre ellos Canadá, México, el Reino Unido y Taiwán— enfrentarían un 10% adicional; los que carecen de prohibición efectiva —entre ellos China, Japón, India, Corea del Sur, Brasil y la Unión Europea— pagarían un 12,5%. Se excluyen de la medida productos como energía, tierras raras, metales críticos, café y productos farmacéuticos. Los aranceles no son aún definitivos: el USTR recibirá comentarios públicos hasta el 6 de julio y celebrará audiencias el 7 de ese mes.
El contexto jurídico es determinante para entender el movimiento. En febrero, la Corte Suprema falló seis a tres contra los aranceles de emergencia que Trump había impuesto bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), vaciando buena parte del andamiaje arancelario de la administración. La Sección 301 es el instrumento legal alternativo al que recurre ahora la Casa Blanca para reconstruir ese sistema, con la ventaja adicional de que sus aranceles no tienen el límite temporal que sí tienen los impuestos bajo la Sección 122 —que vencen el 24 de julio—. El 3 de junio, Trump firmó además una orden ejecutiva para reforzar la fiscalización aduanera, con estimaciones de la Casa Blanca de recaudar entre 80 mil y 100 mil millones de dólares adicionales en derechos de importación no cobrados.
La elección del argumento del “trabajo forzado” tiene una función tanto jurídica como retórica: dificulta la defensa pública de los socios afectados y le permite a Washington presentar los aranceles como una medida de derechos humanos antes que como proteccionismo puro. La reacción internacional fue adversa: legisladores europeos calificaron de “absolutamente absurda” la conclusión de que la Unión Europea no combate el trabajo forzado de forma efectiva, mientras que India informó que mantiene conversaciones activas con Washington para impugnar los resultados de la investigación. El movimiento consolida la tendencia de una administración que, pese a los reveses judiciales, no ha cedido en su agenda proteccionista y sigue construyendo alternativas legales para sostenerla.
