La semana también dejó señales de resistencia legislativa en política exterior, especialmente en torno al uso de la fuerza. El miércoles 3 de junio, la Cámara de Representantes aprobó por 215 a 208 una resolución de poderes de guerra que exige a Trump retirar a las fuerzas armadas de las hostilidades con Irán, salvo que el Congreso declare formalmente la guerra o autorice el uso de la fuerza. Cuatro republicanos —Brian Fitzpatrick, Thomas Massie, Tom Barrett y Warren Davidson— se sumaron a todos los demócratas para aprobarla. Fue el cuarto intento de este tipo en el año y el primero en prosperar: las tres votaciones anteriores habían fracasado, incluyendo un empate 212-212 apenas dos semanas atrás.

La resolución no obliga jurídicamente a Trump a cesar las operaciones militares, pero constituye la señal política más clara hasta ahora de que la incomodidad con el conflicto con Irán crece incluso dentro del Partido Republicano. La guerra ya entró en su cuarto mes y empieza a acumular costos institucionales, diplomáticos y económicos. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, rechazó la resolución con el argumento de que “debilita la posición del presidente” en las negociaciones con Teherán. El Congreso, incluso con mayoría republicana, empieza a discutir si la política exterior de Trump puede seguir funcionando como una prerrogativa casi exclusiva del Ejecutivo.

Al día siguiente, el jueves 5 de junio, la Cámara volvió a desafiar a la conducción republicana con otro frente sensible: Ucrania. Por 226 votos contra 195, aprobó un paquete de asistencia a Kyiv y nuevas sanciones contra Rusia, con el apoyo de 18 republicanos que se sumaron a casi todos los demócratas. El proyecto, el primero de este tipo durante el segundo mandato de Trump, incluye más de mil millones de dólares en asistencia militar y de reconstrucción, hasta ocho mil millones en préstamos para que Ucrania compre equipamiento estadounidense, y sanciones contra los sectores energético y bancario de Moscú. La votación fue forzada mediante una petición de descarga —discharge petition—, un mecanismo poco frecuente que permite llevar un proyecto al recinto sin el aval de la conducción de la Cámara cuando reúne 218 firmas.

Sin embargo, el futuro del paquete sigue abierto. En el Senado necesita 60 votos para avanzar, y Trump todavía no se pronunció específicamente sobre esta ley, aunque tiene antecedentes de veto en iniciativas similares. En conjunto, las votaciones sobre Irán y Ucrania muestran una misma tendencia: el Congreso no está bloqueando de forma estructural la política exterior de Trump, pero sí empieza a marcar límites parciales en dos áreas sensibles.