La crisis política y social en Bolivia sigue sin encontrar salida. A pesar de los intentos de mediación institucional, las medidas de presión ciudadanas se mantienen firmes y la conflictividad social no cesa. El escenario actual deparó una reconfiguración interna del Ejecutivo mientras madura un extendido malestar por la traba al normal funcionamiento logístico, civil y sanitario del país.

La movilización popular mantiene su vigencia a escala nacional, consolidando un escenario de parálisis vial que afecta de manera directa a los centros urbanos. Al comenzar el mes de junio, la conflictividad registró picos de más de 95 puntos de bloqueo en las carreteras bolivianas. El impacto de este cerco logístico se traduce en largas filas de ciudadanos que esperan horas para adquirir alimentos esenciales, como pollo, o que aguardan hasta cuatro días consecutivos en los surtidores de combustible. Además, la presión sobre la infraestructura estatal se agudizó tras la toma de un pozo petrolero en Santa Rosa del Sara por parte de organizaciones campesinas, sumado al anuncio de nuevos bloqueos de rutas en el departamento de Tarija.

Más allá del desabastecimiento comercial, la continuidad de los bloqueos también generó situaciones críticas en el sector de la salud. Médicos, enfermeros y trabajadores de la salud alertaron públicamente sobre la falta de insumos médicos básicos y de oxígeno en los centros sanitarios, ubicando al país al borde de una emergencia de salud pública. La tensión y la indignación civil en torno a las consecuencias colaterales de estas medidas se incrementaron tras conocerse el deceso de una niña diagnosticada con cáncer, quien no pudo llegar a la ciudad de La Paz para recibir su tratamiento de quimioterapia.

Aun así, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) ratificó los bloqueos viales, descartando señales de repliegue y manteniendo la exigencia de que el presidente Rodrigo Paz abandone el cargo. Esta postura coincide con las acciones de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) del sur de El Alto, cuya marcha llegó a la sede de gobierno para demandar la dimisión presidencial, y con un cabildo abierto en El Alto que rechazó la posibilidad de entablar negociaciones oficiales. Incluso la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Campesina Túpac Katari han decidido mantener las medidas aun cuando se se levantaron las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes. Por su parte, el evismo descartó de forma explícita el diálogo con el gobierno y anunció la preparación de una marcha hacia La Paz bajo la consigna de “entrar con todo”. Este bloque también plantea de manera abierta la renuncia de Paz y propone una transición política donde el vicepresidente, Edmand Lara, asuma provisionalmente el mando para convocar a elecciones generales anticipadas.

En este marco, renunciaron los titulares de la cartera de Defensa, Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García. Dándole prioridad a la función represiva del Estado, Paz procedió a posesionar a Ernesto Justiniano como nuevo ministro de Defensa. Vale resaltar que, previo a su nombramiento, Justiniano ejercía como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, cargo desde el cual impulsó operativos contra el narcotráfico.

Con el cambio en Defensa, y con la presión continua de las cámaras empresariales y sindicatos de choferes de transporte que exigen la liberación inmediata de los caminos, Paz acusó formalmente a redes vinculadas al narcotráfico de financiar las movilizaciones y catalogó la coyuntura como “la batalla de todas las batallas”, exhortando públicamente a la ciudadanía a movilizarse de forma activa en resguardo del orden constitucional y democrático. En términos legales, el primer mandatario remitió con carácter de urgencia un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional destinado a normar la aplicación de los estados de excepción en el país. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, argumentó que la propuesta posee fines netamente humanitarios.

Esta estrategia legislativa prosperó de forma acelerada: la Cámara de Senadores convocó de urgencia a una sesión extraordinaria y aprobó el reglamento para estados de excepción, remitiendo inmediatamente la norma a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Esta búsqueda de herramientas coercitivas y legales por parte del oficialismo coincide con un comunicado del gobierno de los Estados Unidos en el que advierte que “vigila de cerca” la coyuntura del país andino y promete ampliar su cooperación técnica ante los efectos adversos generados por la prolongación de los bloqueos de carreteras.