Al cierre del presente reporte, la etapa final de la campaña presidencial para la segunda vuelta en el Perú consolida un escenario de polarización demográfica y un marcado rechazo hacia los dos aspirantes que compiten por la jefatura del Estado. De acuerdo con el estudio de opinión pública de Ipsos, el candidato de izquierda Roberto Sánchez lidera ampliamente en el sector rural con un 53,9% de respaldo, mientras que la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, concentra su principal bastión en Lima Metropolitana, donde registra el 52,2% de la intención de voto.

Esta fragmentación se superpone a un elevado índice de desaprobación dura que limita el crecimiento de ambos proyectos. La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ubica a Sánchez con un 40% de rechazo activo entre los electores, seguido muy de cerca por Fujimori, quien acumula un 37% de resistencia electoral. Sin embargo, comparado con la elección pasada, el rechazo a la candidata de la derecha bajó 13 puntos. Ante este cuadro, y a escasos dos días del sufragio, Sánchez implementó una estrategia de moderación discursiva orientada a mitigar los temores de los sectores centristas y empresariales, afirmando de manera pública: “No soy comunista, nunca he expropiado nada”.

Frente a la inminencia del balotaje, ambos candidatos continuaron con la búsqueda de apoyos, desatando reacomodos y crisis organizativas en el espectro político. Roberto Sánchez formalizó la presentación de un “No soy comunista, nunca he expropiado nada” con los movimientos Ahora Nación, Venceremos, Cívico Obras y Primero la Gente. Esta confluencia programática se consolidó mediante una aparición pública de Sánchez junto a figuras destacadas como Ricardo Belmont, el rector universitario Alfonso López Chau y el excandidato George Forsyth, quienes le brindaron su respaldo explícito. A este bloque de adhesiones se sumó el expresidente Martín Vizcarra, quien formuló un llamado abierto a sufragar por Juntos por el Perú, advirtiendo que su agrupación se mantendrá en una postura vigilante respecto al desarrollo del proceso.

Por el contrario, los alineamientos en las fuerzas de derecha y centroderecha han provocado cismas tanto en las bases militantes como en el entorno familiar directo de Fuerza Popular. La decisión del dirigente Rafael Belaunde de comprometer el apoyo de Libertad Popular a la postulación de Keiko Fujimori provocó una renuncia en cadena de militantes de dicha organización. Por su parte Kenji Fujimori anunció públicamente que no brindará su apoyo a la candidatura de su hermana Keiko en esta segunda vuelta, manifestando que “Después de lo que viví, decidí no volver a ser usado”. En paralelo, otras organizaciones políticas y gremiales optaron por la neutralidad. El partido Somos Perú prefirió evitar una toma de posición oficial en favor de alguno de los postulantes a pocos días de la elección, mientras que el dirigente Héctor Sinche aclaró que el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) no opera como un partido político y que la organización respeta la independencia de criterio de todos sus afiliados. Se diferencia así de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) que sí se expresó a favor de Sanchez.

En este escenario, Fujimori evitó descartar la posibilidad de desconocer o denunciar irregularidades en los resultados oficiales en caso de ser derrotada por Sánchez; al ser consultada por la prensa sobre si acatará el desenlace emitido por las urnas, la lideresa de Fuerza Popular se limitó a señalar ambiguamente que “vamos a ver”. Esta línea fue reforzada por sus aliados clave. El ex candidato presidencial que no logró su pase a la segunda vuelta, Rafael López Aliaga, insistió de manera abierta en reinstalar la narrativa de un presunto fraude electoral.

A la par de los movimientos de las élites partidarias, la sociedad civil y los sectores productivos han incrementado sus movilizaciones para condicionar la agenda del próximo mandatario. Diversos colectivos ciudadanos, organizaciones sindicales y plataformas de estudiantes universitarios realizaron marchas de protesta en las calles para manifestar su rechazo directo a la postulación de Fuerza Popular. En paralelo, el sector agrícola ha irrumpido en la coyuntura política bloqueando carreteras en varias regiones del país durante una semana. Los productores del campo lanzaron una advertencia explícita y un pliego de demandas urgentes para quien resulte ganador del balotaje, solicitando medidas que alivien la caída de sus ingresos y el aumento de los costos agrícolas.

En este marco de manifestación ciudadana se produjeron los actos de cierre de campaña de ambos candidatos, donde se escenificaron dos visiones para canalizar la crisis nacional: mientras Fujimori apeló a una narrativa de reconciliación nacional, Sánchez centró su mensaje en la promesa de terminar con el caos que afecta al país. Cualquiera de los dos aspirantes que logre alcanzar la presidencia de la República deberá administrar estas presiones sociales en un marco de compleja fragmentación legislativa. En efecto, la composición del Congreso ya anticipa escenarios de votación intrincados y señala la existencia de bancadas clave cuyo respaldo determinará la correlación de fuerzas y la viabilidad de los proyectos de ley en el Legislativo.